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Última modificación: 2010-08-30
La tutela no es procedente para modificar o ampliar los criterios que miden el mérito en el concurso para proveer cargos en la rama judicial

La actora pretende que se le asigne una calificación de 15 puntos a su título de Licenciatura en Filosofía y Letras y al menos 1 punto a su título de Eficiencia en Inglés, y que consecuencialmente se la reclasifique en la Lista de Elegibles, y se la llame a participar en el curso de formación judicial para funcionarios en la carrera judicial. Invoca para ello el criterio de puntaje 5.1.c) del Reglamento de la Convocatoria, que dice: ?Cada título de postgrado obtenido por el aspirante en áreas del conocimiento relacionadas con el cargo de aspiración se calificará así: Especialización 15 puntos?.

La Corte Constitucional encontró que la reglamentación elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura puede no contener todos los indicadores de mérito que, idealmente, deberían ser considerados. Sin embargo, no le corresponde a la Corte, en sede de tutela, rediseñar los criterios establecidos para medir el mérito de los concursantes. La igualdad en el concurso se afectaría de admitirse modificaciones posteriores a la iniciación del mismo. El reglamento del concurso asigna un puntaje a los cursos de capacitación relacionados con el área de trabajo y a los postgrados relacionados con el ?cargo de aspiración?, y no a otros pregrados, así estos sean importantes, incluso más que cursos breves de capacitación. Esa era una regla de juego conocida por todos los concursantes.

Si, de acuerdo con la Constitución, tanto el ingreso como el ascenso en los cargos de carrera se determinará en función de ?los méritos y las calidades de los aspirantes? (artículo 125), y con arreglo a lo establecido en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el mérito es ?fundamento principal para el ingreso? (artículo 156, LEAJ), se podría concluir que está mejor capacitado quien cuenta con el título de abogado y, además, tiene título de licenciada en filosofía y letras, cuando el cargo a que se aspira es el de relator de Corporación Nacional. La actora, empero, no cuestionó el reglamento, sino el criterio del evaluador al no clasificar su título como un postgrado.
Sin embargo, la Corte no advirtió que a la tutelante se le hubiera dado un tratamiento discriminatorio, porque la Sala Administrativa le ha prodigado el mismo tratamiento a quien la actora invoca como parangón. Además, el título de Licenciada en Filosofía y Letras no es un título de postgrado, según lo dispone el artículo 25 de la Ley 30 de 1992.

Por lo demás, la acción de tutela, de acuerdo con el artículo 6, numeral 5 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que ?[l]a acción de tutela no procederá: (?) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto?. En consecuencia, el amparo no es la vía para controvertir la legalidad del acto administrativo de carácter general contenido en el Acuerdo de Convocatoria, ni la reglamentación general de los concursos. La tutelante no lo hace, sino que pide que su pregrado sea valorado como un postgrado. Sin embargo, por vía de tutela no es posible ampliar los criterios o adicionar otros equivalentes.

En consecuencia, la Corte concluyó que resultaba improcedente atribuir a la accionante un puntaje a su título de licenciada en filosofía y letras. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-400-08

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