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Última modificación: 2010-08-30
Inaplicación de actos administrativos generales que regulan el concurso de notarios por vía de acción de tutela es improcedente

El solicitante impetró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad, y al trabajo, que habría tenido origen en la errónea valoración de sus méritos y antecedentes, dentro del ?Concurso público para el nombramientos de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial?. Sostiene que le fue asignada una puntuación inferior a la que tenía derecho en razón a su experiencia profesional y de los postgrados que había realizado, de conformidad con los parámetros de calificación definidos por la Ley 588 de 2000.

La Corte Constitucional constató que si bien los reclamos del demandante se dirigen contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, pues fue esta entidad la que expidió los actos administrativos que dieron lugar a la presunta conculcación de sus derechos fundamentales alegada, -el Acuerdo 07 de 2007 y la Resolución 000870 de 2007- su acusación realmente recae sobre las normas reglamentarias aplicadas al examinar la documentación aportada para acreditar los méritos y antecedentes, pues en definitiva el operador logístico encargado de estudiar la documentación y asignar la puntuación correspondiente se limitó a seguir los parámetros fijados por el artículo 5º del Decreto 3454 de 2006 e artículo 1 del Acuerdo 01 de 2006.

En efecto, el requisito relacionado con la manera de acreditar los estudios de postgrado realizados en el exterior no estaba en la ley y fue introducido por las normas reglamentarias, igualmente la restricción en el sentido que los puntos correspondientes al ejercicio de cargos de nivel directivo, asesor y ejecutivo sólo serían asignados respecto de empleos desempeñados en el sector público, también tiene origen en una norma reglamentaria, el literal c) del artículo 5º del Decreto 3454 de 2006.

En definitiva, el demandante solicita la inaplicación de las normas reglamentarias de carácter general, impersonal y abstracto rectores del concurso público, para que sea valorado su título de postgrado y la experiencia en el ejercicio de cargos de nivel asesor en el sector privado sea calificada con dos puntos.

Al respecto la Corte recordó que en virtud de lo consignado en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 el mecanismo de protección de los derechos fundamentales es improcedente frente a este tipo de actos, salvo en casos excepcionales cuando su aplicación en un caso concreto vulnere derechos fundamentales, en estos últimos eventos es procedente la tutela para solicitar la inaplicación del acto más no para controvertir su legalidad o su constitucionalidad.

De un examen de las disposiciones reglamentarias en cuestión no se desprende una vulneración de los derechos al debido proceso, al trabajo y a la dignidad del peticionario, pues éstas se limitan a establecer unas restricciones totalmente admisibles desde la perspectiva constitucional a la manera de acreditar determinados requisitos señalados originalmente por la ley. Es justificable que los títulos de postgrados obtenidos en el exterior deban ser acreditados mediante copia del título y de la respectiva convalidación ante el Ministerio de Educación, e igualmente que la experiencia del ejercicio de cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo sólo le sean asignados dos puntos cuando se trate de empleos en el sector público. Ahora bien, si el demandante consideraba que las normas reglamentarias son ilegales por desbordar el alcance del artículo 4º de la Ley 588 de 2000, esa es una discusión diferente que debe ser resuelta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-532-08

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