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Última modificación: 2010-08-30
Las inhabilidades directamente establecidas en la constitución no pueden ser modificadas por el legislador

El actor sostiene que el artículo 272 de la Constitución Política prescribe que no podrá ser elegido contralor municipal quien ?sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia?. No obstante, en abierta contradicción con la norma constitucional, el artículo 9º de la Ley 177 de 1994, que modificó el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 amplió el término de la inhabilidad a tres (3) años para los ex concejales que aspiran a ocupar el cargo de contralor distrital o municipal. En consecuencia, se discute si el legislador podía ampliar los términos de inhabilidad que han sido expresamente señalados e indicados por el constituyente.

La Corte Constitucional recordó que el régimen de inhabilidades no puede desconocer los principios constitucionales fijados en el estatuto superior -lo cual quiere decir que el régimen de inhabilidades debe encajar en el sistema de valores constitucionales- al tiempo que no puede ir en contravía de disposiciones que han sido expresa y directamente diseñadas por el constituyente. En consecuencia, la Corte ha admitido la existencia de un régimen de inhabilidades que, en principio corresponde crear al legislador, pero que tiene como marco general el sistema jurídico constitucional y, como límite particular, las reglas directamente fijadas por la Carta. En otras palabras, la Constitución consigna en su propio texto ciertas inhabilidades que no pueden ser modificadas por el legislador. Esta conclusión implica que mientras dichas reglas directamente establecidas por el constituyente se respeten, el legislador puede crear y regular con un grado generoso de libertad otras limitantes de acceso a cargos públicos. Es decir, el legislador puede crear inhabilidades por cuenta propia, siempre y cuando no modifique las expresamente creadas por el constituyente.

Para el caso concreto, respecto de los concejales que quieran ser nombrados contralores distritales o municipales, la Constitución estableció el término de un año como lapso de inhabilidad, pero la ley ordenó que fueran tres, con lo cual superó el límite expresamente fijado por la norma superior y, sencillamente, se vulneró el contenido de la Carta. La conclusión de esta simple comparación es que la norma es inexequible en ese aspecto.

La Corte aclaró que no todo el literal b) acusado es inconstitucional, entre otras cosas porque la expresión ?dentro de los tres años anteriores?, es aplicable también a los magistrados de los tribunales que hagan la postulación y la Corte no se pronunció sobre dicho aspecto en su sentencia. Frente a esta constatación, el Tribunal constitucional decidió retirar del ordenamiento jurídico únicamente la expresión ?o del concejo que deba hacer la elección,?, para que el resto de la disposición conservara su sentido gramatical completo.
La Corte explicó que el retiro de esta expresión no creaba un vacío legal respecto de la inhabilidad de los concejales que aspiraran a ser contralores distritales o municipales, pues la inhabilidad fue regulada directamente por el constituyente, de manera que de acuerdo con el texto constitucional, no pueden aspirar a dichos cargos quienes hayan sido miembros del concejo que deba hacer la elección dentro del año anterior a la misma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-468-08

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