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Última modificación: 2010-08-30
Las irregularidades para posesionarse como gobernador sólo pueden ser alegadas por quien accede al cargo

El accionante, señor BA, presentó por intermedio de apoderado acción de tutela por considerar que sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político fueron vulnerados por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto libró las comunicaciones CNE-P-352 de junio 21 de 2006 dirigida al Tribunal Superior del Distrito Judicial, y la CNE-P-350 de la misma fecha, con destino al señor OZ, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, por cuanto el día 22 de junio de 2006, atendiendo al Consejo Nacional Electoral, ?desplazó? del cargo como Gobernador del Departamento al accionante, al posesionar en el mismo cargo al señor OZ sin que se hubiera decretado la vacancia del mismo y sin tener competencia para ello, pues según el artículo 92 del Decreto 1222 de 1986, la posesión se debía surtir ante la Asamblea Departamental correspondiente.

Al respecto de la acción de tutela interpuesta en la presente oportunidad, la Corte Constitucional observó que las actuaciones tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Superior del Distrito Judicial fueron proferidas para darle cumplimiento a la sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, que en sede de revisión accedió a la tutela interpuesta por el señor OZ, y como consecuencia dejó sin efectos la sentencia de agosto 24 de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que había anulado su elección como Gobernador del Departamento, disponiendo entonces el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

Para la Corte, el señor BA, al invocar la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y a la participación, buscaba que los actos proferidos por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, tendientes a darle cumplimiento a la sentencia de revisión T-284 de 2006, fueran dejados sin efecto, para derivar de allí la pretensión de que se le diera posesión a él como Gobernador del Departamento y poder así seguir ostentando dicho cargo.

La Corte encontró que la tutela sometida a revisión, orientada en apariencia a cuestionar los actos de cumplimiento de la sentencia T-284 de 2006, estaba dirigida a neutralizar sus efectos, pues iba en contravía del restablecimiento de los derechos amparados al señor OZ, según lo dispuesto por la citada sentencia. Para ello, el accionante argumentó que las actuaciones de las autoridades colegiadas accionadas fueron inadecuadamente adelantadas. En realidad, el actor carecía de legitimación para oponerse y controvertir los actos realizados para dar posesión como Gobernador al señor OZ, que de haber resultado irregulares, hubieran conducido a la vulneración de los derechos fundamentales de éste y no del actor, y conllevaban la solicitud de realizarlos en debida forma, pero no, so pretexto de su irregularidad, solicitar su anulación para lograr la posesión del mismo actor como Gobernador del Departamento.

En este sentido, la Corte advirtió que ?no puede alegarse vulneración de los propios derechos con base en los de otro?, así como que ?(i) El interés en la defensa de los derechos fundamentales, (...) radica en su titular y no en terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia?( Sentencias T-674 de 1997, T-658 de 2002 y T-768 de 2003.

A pesar de que el actor ahora intentaba camuflar el ataque a la sentencia T-284 de 2006 bajo el manto de aparentes irregularidades en los actos de cumplimiento de la decisión, la Corte destacó que la causa eficiente que dio lugar a las actuaciones de los entes accionados, remitía necesariamente a la sentencia de revisión, que como aflora de las mismas comunicaciones y acto de posesión, fue la razón del proceder reprochado por el actor. En esa medida, para la Corte el accionante con los argumentos esgrimidos en la presente tutela no hizo sino controvertir la sentencia T-284 de 2006, para entorpecer su efectivo cumplimiento y lograr nuevamente su posesión como Gobernador. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-516-08

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