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Última modificación: 2010-10-07
Las sentencias de inconstitucionalidad no pueden afectar los concursos de mérito vigentes en la fiscalía general

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano demandó los artículos 54, 56, 60, 62,66 y 71 de la Ley 938 de 2004, por violación de los artículos 40-7,125, 150-23 y 253 de la Constitución; señaló que las normas constitucionales mencionadas establecen una reserva de ley, según la cual, le corresponde al Congreso de la República regular todos los aspectos relacionados con la carrera administrativa especial de la Fiscalía General de la República. Por el contrario, las normas acusadas habilitan a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, para regular los más variados aspectos relacionados con el proceso de ingreso y retiro del servicio del ente acusador.

La Corte suscribió las razones expuestas por el actor y consideró que las normas acusadas eran inconstitucionales. El artículo 253 de la Carta establece que la ley determinará lo relativo ?al ingreso por carrera y al retiro del servicio? de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera, ya con referencia a todos los sistemas de carrera, el inciso tercero del art. 125 dispone que ?[e]l ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.? Además, el numeral 23 del art. 150 de la misma Carta establece que le corresponde al Congreso ?[e]xpedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.?

Es claro entonces que la Constitución dispone que todo lo relacionado con la reglamentación del régimen de carrera general, y del régimen de carrera particular de la Fiscalía, debe emanar de la ley. En realidad, de acuerdo con la Constitución, la Comisión solamente puede reglamentar aspectos técnicos y operativos de la carrera de la Fiscalía y de los concursos para acceder a ella, pues la regulación básica debe ser hecha por la misma ley. De esta manera, los actos administrativos que dicte la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación en materia de reglamentación de la carrera de la Fiscalía deben limitarse a ejecutar las leyes aplicables.

Con relación a los concursos de selección por méritos que en el momento de la sentencia venía adelantando la Fiscalía General de la Nación para la provisión de los cargos de carrera de la entidad, adelantados con fundamento en los reglamentos dictados por la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, la Corte consideró que debían culminar en el plazo señalado en la sentencia C-279 de 2007, y de conformidad con las reglas establecidas por la convocatoria correspondiente. Dado que las normas declaradas inexequibles en este proceso estaban amparadas por la presunción de constitucionalidad en el momento en que los concursos se iniciaron y que, además, todos los participantes se inscribieron de buena fe y aceptaron las condiciones establecidas en esos reglamentos, tienen derecho a que se aplique en su favor la garantía de la confianza legítima, lo cual significa que el concurso debe llegar hasta su final bajo las normas que habían sido anunciadas desde un principio.

Por otra parte, la Corte aclaró que la regla anterior no cabe para los concursos que no se han iniciado todavía. Esos nuevos concursos habrán de ceñirse a la ley que debe dictar el Congreso de la República para reglamentar los concursos de la Fiscalía, tal como lo exige la Constitución. No obstante, podía darse el caso de que dicha ley específica no fuera adoptada. Mientras el Congreso no expidiera la ley correspondiente, la Corte precisó que los futuros concursos debían ceñirse, en su orden, a las normas pertinentes de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y de la Ley 909 de 2004. En este sentido, reiteró que los actos administrativos que adoptara la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación debían circunscribirse a los aspectos técnicos y operativos necesarios para poder ejecutar las leyes aplicables en la materia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-878-08

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