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Última modificación: 2010-10-07
El ejercicio de un cargo en provisionalidad no exime de concurso a quien aspira a ser inscrito en la carrera

El Gobierno Nacional objetó por inconstitucionalidad los artículos 1°, 4°, 7°, 8° y 9° del proyecto de ley N° 117 de 2007 Senado ? 171 de 2007 Cámara, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 909 de 2004, relativos a los concursos de los sistemas específicos y especiales de carrera de origen legal y constitucional y se dictan otras disposiciones en materia de Carrera Administrativa. El Gobierno consideró que el proyecto vulneraba el principio de mérito como regla general de acceso a la función pública (artículos 125, 217, 218, 253, 256, 268 y 279 C.P.); el derecho de igualdad (arts 13 y 209 C.P.), porque la permanencia que otorgan los artículos objetados a las personas que se encuentran vinculadas provisionalmente a empleos vacantes en forma definitiva, proponen un tratamiento diferencial no justificado a un grupo minoritario de empleados; el derecho fundamental de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (artículo 40, numeral 7, C.P.), al excluir del proceso de selección a un grupo de empleos, los cuales solo podrán sometidos a concurso cuando queden vacantes por renuncia, destitución o abandono del cargo; y del artículo 125 de la Constitución Política, al preverse, en el proyecto de ley, el otorgamiento de estabilidad a las personas que ingresaron a la administración de manera directa y transitoria.

La Corte reiteró las consideraciones planteadas en su Sentencia C-942 de 2003, en el sentido de afirmar que se vulnera la Carta cuando, sin justificación razonable, se establece un privilegio a favor de una persona consistente en eximirlo del cumplimiento de requisitos que le son exigidos a otros posibles concursantes, por la sola circunstancia de haber desempeñado en provisionalidad el cargo de carrera. En este caso se presenta una clara violación del principio de igualdad entre los aspirantes, que infringe el artículo 13 de la Constitución Política. Aún admitiendo la posibilidad de considerar legítima la finalidad que pueda tener el Legislador al considerar la situación de un gran número de servidores que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, la Corte señaló, con fundamento en su Sentencia C-733 de 2005, que las ventajas otorgadas a los mismos, respecto de los demás aspirantes, son claramente violatorias de los principios de igualdad y acceso a los cargos públicos consagrados en la Carta, aún sin tratarse de una incorporación automática a la carrera.

Para la Corte, las disposiciones objetadas por el Gobierno otorgan un tratamiento diferencial y favorable a quienes ocupan actualmente, en provisionalidad, cargos de carrera vacantes definitivamente, por cuanto los habilita para permanecer en sus empleos y disfrutar de las prerrogativas de los funcionarios de carrera, en contraste con otros empleados y ciudadanos aspirantes, pues mientras éstos deben someterse a un proceso de selección público y abierto, aquellos gozarían de estabilidad en el cargo sustraídos de la obligación de demostrar su mérito. El trato diferencial es injustificado pues, respecto de los empleados provisionales no puede predicarse la existencia de condiciones jurídicas especiales, ya que todos los aspirantes a llegar a un cargo de carrera, sea que lo hayan ejercido o no, tienen solo una expectativa y no un derecho a ser nombrados. La Corte reiteró que todos los aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones, aún los que ocupan los cargos en provisionalidad, quienes por tener esta condición desde hace varios años no pueden ser tratados con ventajas, y en el caso de las personas con discapacidad es evidente que nada se opone a que se sometan a un concurso público y abierto donde pueden en igualdad de condiciones demostrar su capacidad y mérito al igual que cualquier otro participante, aspecto respecto del cual no pueden considerarse diferentes por su sola condición de discapacidad.

La Corte encontró fundadas las objeciones planteadas por el ejecutivo respecto de los artículos 1º, 4º, 7º, 8º y 9º del proyecto estudiado, por lo cual lo declaró parcialmente inexequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-901-08

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