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Última modificación: 2010-10-07
La estatura mínima para acceder a un cargo es discriminatoria cuando se fija por encima del promedio nacional para las mujeres y por debajo para los hombres

Un grupo de aspirantes a ingresar al curso de formación como dragoneantes del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, manifestó que la entidad accionada violó sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, el trabajo y el acceso a cargos públicos, al igual que el principio de favorabilidad en materia laboral, al determinar que no cumplían las condiciones de aptitud médica o estatura mínima, establecidos en la Convocatoria 02 de 2006. Dicha Convocatoria definió como uno de los requisitos de selección una estatura mínima de 1.65 mts. para hombres y 1.60 mts. para mujeres, al igual que los requerimientos en materia de salud que las demandantes presuntamente no cumplieron, por lo cual habrían sido excluidas del proceso.

La Corte Constitucional, con base en su jurisprudencia, hizo referencia al derecho a la igualdad y los criterios de selección de personal para el desempeño de cargos públicos: (i) las entidades públicas y privadas al igual que los cuerpos armados pueden exigir requisitos para desempeñar determinadas labores; (ii) los requerimientos que se establezcan para un proceso de selección no deben fijar en forma explícita o implícita discriminaciones o preferencias carentes de justificación, y deben ser proporcionales al fin que se busca alcanzar con ellos en armonía con la naturaleza de la respectiva actividad; (iii) las exigencias para el acceso a un cargo público deben ser previamente conocidas por los aspirantes; (iv) la dignidad humana se ofende, cuando a una persona, apta para desempeñar un cargo, se la excluye con base en criterios ajenos a la aptitud y que no inciden en ella.

En consecuencia la Corte estimó, con base en estudios, que si la estatura promedio de los nacidos entre 1980 y 1984 es de 1,70 para los hombres y 1,58 para las mujeres, la exigencia de una estatura de 1,60 para que éstas puedan acceder al cargo de dragoneantes, reduce el universo de las aspirantes en relación con la estatura media mencionada, al tiempo que la exigencia de que los hombres deban tener una estatura de 1,65 frente a la talla promedio de 1,70 alcanzada por los nacidos entre 1980 y 1984 desvirtúa el presunto impacto que la estatura pueda tener en la conservación de la disciplina de la población carcelaria y en la seguridad de los reclusos, así como de los funcionarios responsables de su custodia.

A juicio de la Corte, el requisito de la estatura para las dragoneantes no parece un mecanismo adecuado en tanto, si bien no representa una restricción basada en una categoría censurable en sí misma, carece de razonabilidad, de donde era posible constatar la existencia de una discriminación en razón del género. En efecto, mientras la estatura requerida para los hombres dentro de la convocatoria es 1,65 mts., esto es, cinco centímetros menos que la media nacional (1,70 mt.,), a las mujeres en cambio se les exije una altura de 1,60 mts., superior en dos centímetros a la media nacional para dicho sexo. No aparece probado el argumento de que el requerimiento de una determinada altura para quienes han de desempeñar el cargo de dragoneantes del INPEC, se basa en la influencia psicológica o la mayor autoridad o respetabilidad que pueda imponerse a los reclusos, con lo cual la conducta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deviene, a todas luces, en discriminatoria.[nota



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1266-08

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