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Última modificación: 2010-12-20
La prolongación del período de los gerentes de las empresas sociales del estado no afecta el derecho de acceso a cargos públicos

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, un ciudadano demandó la inexequibilidad del parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, por medio del cual el Legislador dispuso que ?Los Gerentes de las ESE de los niveles Departamental, Distrital y Municipal cuyo período de tres años termina el 31 de diciembre de 2006 o durante el año 2007 continuarán ejerciendo el cargo hasta el 31 de marzo de 2008?.

Afirma el demandante que la norma acusada desconoce el derecho fundamental al acceso a los cargos públicos (derecho a la participación, artículo 40 numeral 7, C.P.), y a la igualdad (artículo 13, C.P.) en la medida en que impide que, al terminar el período de tres años de los actuales gerentes de las ESE, otras personas que reúnan las condiciones requeridas, puedan aspirar o ?participar como candidato? para el cargo. El principio de igualdad resulta lesionado, en consecuencia, al establecerse ?un privilegio en cabeza de los actuales gerentes de esas empresas?, excluyendo al resto de los ciudadanos.

La Corte encontró que, efectivamente, la prórroga del período de los gerentes de las ESE, impedía temporalmente el acceso al cargo para otros ciudadanos, lo cual representaba una restricción temporal del derecho a acceder a un cargo público. Sin embargo, encontró que las finalidades de la medida resultaban constitucionalmente admisibles; el enunciado normativo era, además, adecuado para lograr el fin de aumentar la coordinación entre las autoridades territoriales y los funcionarios que asumen la dirección de las empresas sociales del Estado y, especialmente, para evitar una situación irregular en la prestación del servicio público. Por último, en tanto la determinación de prorrogar los períodos se extendía por un tiempo limitado (como máximo, quince meses), resultaba proporcional, pues se ajustaba estrictamente al período que el legislador consideró necesario para la adaptación del sistema de seguridad social a la nueva regulación jurídica.

En consecuencia, para la Corte la medida cumple con criterios de razonabilidad, que la llevaron a concluir que no se presentaba una vulneración al principio de igualdad, ni una restricción irrazonable en el acceso a los cargos públicos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-957-07

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