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Última modificación: 2010-12-22
La determinación del uso de los recursos del situado fiscal asignados a las comunidades indígenas corresponde a sus autoridades y no a los municipios

La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, que disponen que los recursos del situado fiscal asignados a los resguardos indígenas serán administrados por el municipio en donde se encuentran ubicados y, para su ejecución, deberá celebrarse un convenio entre las autoridades del resguardo y el respectivo municipio.

Según el demandante, a través de las normas acusadas se está reconociendo a los territorios o resguardos indígenas el derecho que, como entes territoriales, tienen a participar en las rentas nacionales, pero se les está negando el derecho a administrar directamente tales recursos, lo cual comporta la violación del artículo 1º. superior, por cuanto se está desconociendo el derecho a la autonomía que tienen los territorios o resguardos indígenas (artículo 1º. C.P.); se está vulnerando el derecho a la igualdad (art.13 C.P.) en relación con los demás entes territoriales a los que sí se les permite las administración de sus propios recursos.

La Corte encontró que la norma demandada dispone como mecanismo de regulación de las relaciones entre el municipio y los resguardos indígenas, para los efectos del Sistema General de Participaciones, la celebración de un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, que deberá celebrarse antes del 31 de diciembre de cada año, en el que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Al respecto de este mecanismo de intermediación la Corte consideró que no está dispuesto de manera que asegure el derecho fundamental de las respectivas comunidades indígenas en cuanto a su participación efectiva en el señalamiento del destino de esos recursos, afectándose su derecho fundamental a la identidad étnica y cultural.

Si el contrato que debe celebrarse entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, debe sujetarse a la Constitución y a la ley, no le corresponde a los municipios la determinación del uso de los citados recursos, ni pueden, en ningún caso, hacer un uso discrecional de los mismos. La determinación del uso de los recursos le corresponde a las comunidades y grupos indígenas, y debe ser anterior a la administración de los mismos, como lo indica la norma demandada; es decir, el convenio definirá el uso de los recursos en el año siguiente, pues se trata de un contrato previo a cada vigencia fiscal, mecanismo que así entendido garantiza el derecho de participación de los pueblos indígenas así como su autonomía.

Lo anterior por cuanto, de conformidad con la Constitución , no pueden desconocerse las tradiciones y costumbres en materias como la salud y la educación de los grupos y comunidades indígenas.

En dicho sentido, para garantizar el derecho de participación de los pueblos indígenas así como su derecho fundamental a la identidad étnica y cultural, la Corte consideró necesario condicionar la exequibilidad de la disposición demandada, en el entendido de que, dentro del marco de la Constitución y la ley, en el proceso de celebración y suscripción del contrato se debe asegurar el respeto de los derechos a la identidad étnica y cultural y a la participación de los resguardos; y, en caso de discrepancia sobre el uso de los recursos, prevalecerá la decisión adoptada por las autoridades del respectivo resguardo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-921-07

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