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Última modificación: 2010-12-22
Los concejales son servidores públicos destinatarios de la prohibición de hacer contribuciones a las campañas políticas

El ciudadano presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila y la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a ser elegido, vulnerados presuntamente con los fallos que dispusieron la pérdida de su investidura de Concejal, con fundamento en que aparecía com como aportante de dineros a la campaña de otro ciudadano a la Cámara de Representantes, incurriendo en la prohibición de que trata el artículo 110 de la Constitución.

La Corte consideró que en sus providencias, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y la Sección Primera del Consejo de Estado no incurrieron en un protuberante error, al declarar al ahora accionante in curso en la prohibición consagrada en el artículo 110 constitucional con la correlativa consecuencia del decreto de la pérdida de investidura para el cargo de concejal, ya que los concejales son servidores públicos.

En lo relativo a la indebida aplicación del canon 110 de la Constitución, contrariamente a lo alegado por el actor en la solicitud de amparo, la conducta debidamente probada en los autos se adecúa palmariamente a la prohibición constitucional. La Corte recordó que la Constitución de 1991, recogiendo los antecedentes legislativos y no de modo exhaustivo, clasificó a los servidores públicos del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios en (i) miembros de las corporaciones públicas; (ii) empleados públicos; y (iii) trabajadores oficiales.

Por lo mismo, la Corte no consideró atendible calificar como extensiva la interpretación que se hiciere en las sentencias acusadas respecto de la prohibición señalada en el artículo 110, relativa a la censura de hacer contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, por cuanto es esa, precisamente, la hipótesis normativa a la que se adecua la conducta en que incurrió el accionante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-938-07

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