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Última modificación: 2010-12-22
La sectorización del concurso de méritos para notarios no implica la aceptación de concursos cerrados

El presidente de la República consideró que el inciso primero del artículo 3º del proyecto de ley 105/06 Senado, 176/06 Cámara ?por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el concurso público de acceso a la carrera de notario...? es inconstitucional porque dicha norma: i) permite dilatar el concurso de notarios al habilitar al órgano rector de la carrera notarial para que adelante los concursos de manera gradual, sectorizada y por círculos notariales, criterios que se dejan a la libre interpretación de dicho organismo y ii) permite la realización gradual de dichos concursos, lo cual implica la celebración de concursos cerrados, en contravía de la jurisprudencia constitucional.

Sobre los criterios de ejecución de los concursos que tienen que ver con la celebración sectorizada de los mismos, la disposición admite que los concursos puedan celebrarse de manera sectorizada, por círculos notariales y por categorías, pero para la Corte, dicha sectorización no implica ?per se- la recreación de los concursos cerrados, de acceso restringido, proscritos ya por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La Corte enfatizó que la sectorización, realización por círculos notariales o categorización de los concursos, no implica restricción alguna para que todo aquél que desee participar en el concurso pueda hacerlo. La norma objetada no impide que las personas que no son notarios y que quieren serlo participen en el concurso, como tampoco impide que los notarios que no ejercen el cargo en propiedad ingresen en el escalafón, o los notarios que están en un escalafón establecido, asciendan a una categoría superior en la carrera notarial. El criterio que inspira la sectorización de los concursos es, primordialmente, territorial y no tiene que ver con la calidad del aspirante, si éste pertenece o no a la carrera notarial, si éste es o no vecino del sector o del círculo notarial al cual aspira o, incluso, si hace parte de la categoría del círculo notarial al cual aspira ingresar.

No obstante, para la Corte la norma objetada admitía una interpretación inconstitucional: el sentido literal de la disposición alude a que para la ?implementación? de la carrera, el órgano rector podrá realizar los concursos de manera gradual y de forma sectorizada, por círculos notariales o por categorías. El término ?implementación? hace referencia al acto de instalar, de poner en funcionamiento algo. El efecto directo de esta interpretación es que la ?instalación?, es decir, la puesta en marcha de la carrera notarial podría hacerse de manera gradual y sectorizada, lo cual, evidentemente, atañe a la primera convocatoria para concurso de notarios que se ordenó mediante Sentencia C-421 de 2006.

La Corte encontró que esta interpretación es inadmisible a la luz de la jurisprudencia constitucional que ha venido denunciando la existencia de un estado de cosas inconstitucional y, concretamente, de la orden perentoria que sobre el particular emitió dicho Tribunal en la Sentencia C-421 de 2006.

La Corte consideró entonces que, si bien los concursos de méritos para ocupar las plazas notariales pueden no realizarse todos a la vez, dado que el órgano rector de la carrera puede promoverlos de conformidad con los requerimientos del servicio, y además pueden hacerse sectorizadamente o por categorías o círculos notariales, el concurso a que hizo referencia la Corte Constitucional en la Sentencia C-421 de 2006 sí debía cumplirse en el plazo fijado y en la forma que fue convocado por el órgano rector de la carrera notarial.

En este contexto, para la Corte resultaba inconstitucional que los criterios fijados en la norma se aplicaran al concurso de méritos convocado por orden de la propia Corte, contenida en la Sentencia C-421 de 2006, y no podía ser modificada por una disposición legal, por lo que la orden de la Sentencia debía cumplirse en su estricto sentido.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional consideró que los argumentos del Gobierno no alcanzaban a desvirtuar la constitucionalidad de la norma, por lo que concluyó que las objeciones del Gobierno eran infundadas. No obstante, para evitar que se diera un alcance inconstitucional a la disposición, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la misma en el sentido de que ella no se aplicaba al concurso que se estaba realizando en cumplimiento de la Sentencia C-421 de 2006. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-07

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