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Última modificación: 2010-12-22
La garantía notarial del servicio no puede consistir en un acuerdo de voluntades entre los notarios saliente y entrante

El objetado artículo 6º del proyecto de ley No. 105/06 Senado, 176/06 Cámara, ?por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el concurso público de acceso a la carrera de notario...? era a juicio del Presidente inconstitucional porque establecía la llamada Garantía Notarial de Servicio, requisito consistente en que el Notario debe contar con las instalaciones físicas, materiales y humanas necesarias para garantizar la efectiva prestación del servicio por parte del notario designado para ocupar la plaza.

La Corte admitió que para impulsar el funcionamiento de las notarías, los notarios debían contar con una infraestructura física óptima. Es la propia Ley 588 de 2000 la que establece que ?la prestación? del servicio público notarial está a cargo de los notarios, lo que implica que son ellos los responsables de instalar las facilidades físicas, inmobiliarias, instrumentales, de personal, etc. requeridas para la efectiva prestación del servicio.

Así pues, la Corte concluyó que es una exigencia válida y constitucionalmente aceptable que se imponga la suscripción de una garantía para la prestación de este servicio público. Es claro que sin las condiciones materiales necesarias, la prestación de esta función tendría efectos nocivos en el interés público.

Con todo, la Corporación consideró que el artículo objetado incluía una regulación que sí podría atentar contra la prestación del servicio y afectar el derecho del notario entrante a ocupar la plaza para la que había sido asignado: se trata de la certificación que el notario saliente puede extender al notario entrante en la que debe constar que el último se hará cargo de la prestación del servicio notarial. La expresión pertinente del artículo establece lo siguiente: ?Para los efectos del artículo séptimo de la Ley 588 de 2000 será equivalente a dicha garantía la certificación expedida por el Notario saliente acerca de la transferencia o cesión, arrendamiento o permiso de utilización, de la infraestructura física, técnica y logística e instalaciones, al nuevo notario, salvo caso fortuito o fuerza mayor?.

En el caso de la certificación otorgada por el notario saliente, dicho requisito se convierte en una limitante para la prestación efectiva del servicio notarial, que en últimas afecta los intereses de los usuarios y de la comunidad, pues hace depender de la voluntad del notario saliente la asunción de funciones por parte del notario entrante.

La Corte encontró que la expedición de dicho certificado supedita la prestación efectiva del servicio notarial a la celebración de un acuerdo de voluntades entre particulares que, por la dinámica propia de la transacción, podría dilatar o poner en riesgo la prestación efectiva del servicio notarial. En estas condiciones, la norma confiere un privilegio no proporcionado al acuerdo de voluntades por encima del interés público, representado en la prestación eficiente y oportuna del servicio notarial.

Por encontrarse en íntima relación de dependencia lógica y jurídica, la Corte decidió retirar del ordenamiento la expresión del aparte final del artículo 6º que hace alusión al certificado notarial, así: ?o alleguen tal certificación?.

De conformidad con todo lo dicho, la Corte consideró que las objeciones contra el artículo 6º del proyecto de ley se encontraban parcialmente fundadas en relación con las expresiones ?Para los efectos del artículo séptimo de la Ley 588 de 2000 será equivalente a dicha garantía la certificación expedida por el Notario saliente acerca de la transferencia o cesión, arrendamiento o permiso de utilización, de la infraestructura física, técnica y logística e instalaciones, al nuevo notario, salvo caso fortuito o fuerza mayor? y ?o alleguen tal certificación?, pero no las encontró fundadas en relación con el resto de la norma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-07

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