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Última modificación: 2011-02-28
El principio de favorabilidad se aplica a la sanción disciplinaria ejecutoriada y a la inhabilidad en curso

En el año 2004, el Concejo del Municipio de Distracción (La Guajira), eligió Personera municipal, como consecuencia de lo cual, la Procuraduría Regional de La Guajira encontró disciplinariamente responsable al accionante y a cinco concejales más, a título de dolo, por cometer falta gravísima en la elección de la Personera, por lo que fueron sancionados con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer función pública por el término de once años.

La falta disciplinaria que se endilgó al accionante en su calidad de concejal del municipio de Distracción consistía en designar en el cargo de Personero Municipal a una persona que se encontraba vinculada en el cuarto grado de consanguinidad con uno de los nominadores, inhabilidad que estuvo regulada en idénticos términos en los artículos 174, literal f, de la Ley 136 de 1994, 49 de la Ley 617 de 2000 y 1º de la Ley 813 de 2003.

Posteriormente, la Ley 1148 de 2007, modificó la inhabilidad para ocupar el cargo de personero en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, disminuyendo el impedimento del cuarto grado al segundo de consanguinidad.
En razón a que el municipio de Distracción es de sexta categoría y que, por consiguiente, para ese caso la inhabilidad por la que habían sido sancionados los concejales había desaparecido, en agosto de 2007, los concejales destituidos solicitaron al Procurador General de la Nación que en virtud del principio de favorabilidad, declarara la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios y restituyera sus derechos como ciudadanos a elegir y ser elegidos.

El 21 de noviembre de 2007, la Procuraduría respondió negativamente a la petición, con el argumento de que la revocatoria directa de tales actos es improcedente porque no se encontraba demostrado ninguno de los supuestos que la regulan. Además, el Ministerio Público dijo que el principio de favorabilidad no era aplicable en el caso concreto en tanto que éste únicamente puede tenerse en cuenta cuando se presenta sucesión de leyes y, en este asunto, sólo existió una modificación de la conducta sancionada.

La Corte manifestó que la Ley no sólo admite la aplicación del principio de favorabilidad en el derecho administrativo disciplinario, sino también que lo impuso tanto en el proceso de formación del acto sancionador como en su ejecución, esto es, en el proceso disciplinario, en la sanción y en su cumplimiento. En efecto, este principio de obligatoria y prevalente observancia (artículo 21 del Código Disciplinario Único) es exigible, de un lado, en el desarrollo del proceso administrativo disciplinario, como lo había sido inicialmente con la regulación prevista en la Ley 200 de 1995 y, de otro, en el análisis de la sanción en firme, siempre y cuando el acto administrativo aún continuare en ejecución. Dicho en otros términos, el principio de favorabilidad debe aplicarse en el acto administrativo disciplinario y en su ejecución.

Como el municipio de Distracción (La Guajira) es de aquellos calificados como de sexta categoría, la Corte encontró que la prohibición en que incurrió el accionante como concejal de ese municipio al designar Personera de la localidad a una persona que estaba vinculada en cuarto grado de consanguinidad con otro concejal, desapareció a partir de la vigencia de la Ley 1148 de 2007 (10 de julio de 2007). Luego, es cierto que el fundamento de derecho en que se apoyaron los actos administrativos sancionadores perdió su fuerza ejecutoria por desaparición de la norma en que se fundaron.

Además de lo anterior, la Corte recordó que, en la actualidad, no existe en ningún municipio la prohibición para que los concejales designen como personero de la localidad, a una persona vinculada en cuarto grado de consanguinidad con un concejal. En efecto, el inciso primero del artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, que establecía la prohibición a los concejales de designar a parientes ?hasta el cuarto grado de consanguinidad...?, fue declarada inexequible por la Corte, debido a que esta prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad y único civil, como lo establece el artículo 292 de la Constitución Política (Cfr. Sentencia C-903 de 2008).

En consecuencia, para la Corte resultaba claro que al haberse impuesto al accionante una inhabilidad para el ejercicio de la función pública por el lapso de 11 años, la sanción aún continuaba produciendo efectos jurídicos, razón que ameritaba la aplicación de las reglas propias del principio de favorabilidad, que admiten el efecto retroactivo de la Ley 1148 de 2007. De esta forma, la aplicación de la ley más benigna aún cuando se esté cumpliendo la sanción permite concluir que el fundamento de derecho del acto administrativo sancionador desapareció del mundo jurídico porque, en primer lugar y para el caso específico de los municipios de sexta categoría, la prohibición que originó la sanción fue derogada por el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1148 de 1997 y, en segundo lugar para todos los municipios sin importar su categoría, el hecho que constituyó la falta disciplinaria gravísima fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-903 de 2008.

Por lo tanto, la Corte encontró probada la existencia del decaimiento del acto administrativo o desaparición de su fundamento de derecho y procedente el amparo definitivo de los derechos al debido proceso administrativo y a ejercer cargos públicos del accionante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-152-09

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