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Última modificación: 2011-02-28
La improbación en un concurso de méritos para notarios no inhabilita a los aspirantes para participar en concursos futuros

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, un ciudadano demandó el artículo 167 del Decreto Ley 960 de 1970, ?por el cual se expide el Estatuto del Notariado?, el cual dispone que quien por primera vez pierda un concurso ?no podrá participar en el siguiente; quien lo pierda por segunda vez no podrá participar en los dos siguientes, y quien por tercera vez lo pierda no podrá volver a concursar?.

Señala el actor que la disposición acusada establece una discriminación injustificada entre aquellas personas que aspiran a ser nombradas como notarios mediante un concurso público, y aquellas que pretenden ingresar y permanecer en los empleos de carrera administrativa. El actor funda su cargo en el hecho de que la Ley 909 de 2004, que regula la carrera administrativa, no establece una limitación para participar en los concursos, como la que establece el artículo 167 del Decreto 960 de 1970. Señala que por el contrario, tal ley, además de disponer que el mérito es el principal criterio para determina el ingreso, ascenso y permanencia a los cargos de carrera administrativa, garantiza la libre concurrencia e igualdad en el ingreso, en la medida en que permite que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias, puedan participar en los concursos, sin discriminación de ninguna índole.

Con relación al cargo planteado por el demandante, en el sentido de que la norma objeto de análisis es inconstitucional, pues establece una diferenciación injustificada entre los aspirantes a carrera notarial, y los aspirantes a carrera administrativa, quienes en todo tiempo pueden participar en los concursos, independientemente de que lo hayan perdido con anterioridad, la Corte no comparte el cargo expuesto, pues precisamente, en virtud del artículo 131 de la Carta, el Constituyente estimó necesario establecer un sistema de carrera notarial específico, cuyo régimen le compete definir al legislador. En otras palabras, si bien el sentido de la carrera administrativa y la carrera notarial son similares, pues apuntan a garantizar un procedimiento adecuado para seleccionar, con base en el mérito, quién es la persona más calificada para desarrollar una función pública, la misma Constitución previó una carrera distinta a la administrativa, para el acceso y permanencia de la función notarial. No de otra manera se explica que el constituyente no haya incluido la actividad notarial dentro del artículo 125 de la CP, sino que haya contemplado un artículo específico, el 131 de la CP, para definir las competencias del legislador en relación con el régimen notarial y con el concurso para proveer los cargos de notario.

Si bien no es dable sostener que el artículo 167 del Decreto 960 de 1970 establece una diferenciación injustificada entre los aspirantes a los empleos en órganos y entidades del Estado y los aspirantes a notario, lo cierto es que las restricciones allí contempladas, establecen límites al derecho a acceder al desempeño de funciones públicas y a la libertad de escoger profesión u oficio. Por ende, y a pesar de que la Constitución le otorga al legislador una amplia competencia para regular la materia, su facultad no es absoluta; tratándose de límites al ejercicio de derechos fundamentales, éstos deben obedecer a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad.

La norma demandada contempla dos tipos de inhabilidades para participar en el concurso notarial. Unos temporales, en el caso en que se pierda una o dos veces el concurso, y otro intemporal, en el caso en que se pierda por una tercera vez. En primer lugar, es evidente que tanto la una como la otra guardan una finalidad común: atraer a los mejores aspirantes para la carrera notarial. Esta finalidad es claramente legítima y coherente con los propósitos que fijó el constituyente a la hora de contemplar el concurso como medio principal para acceder a la carrera notarial.

Sin embargo, a pesar de perseguir una finalidad legítima, es necesario examinar si la norma en cuestión establece medios adecuados para el logro de dicho fin. Para analizar esta cuestión, la Corte se planteó la siguiente pregunta: ¿perder un concurso, una dos y hasta tres veces, significa que la persona no tiene o no puede llegar a tener cualidades necesarias para garantizar idoneidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de una función pública?

A juicio de la Corte, la norma en cuestión estableció una serie de elementos a considerar para determinar la persona más idónea para el cargo. Estos elementos van desde apreciaciones subjetivas, como el desempeño en la entrevista, como objetivas, tales como el puntaje en las pruebas de conocimiento, la experiencia y los niveles educativos. Quienes entran a hacer parte de la lista de elegibles son aquellos que después de la sumatoria de las calificaciones, obtienen el puntaje mínimo clasificatorio. Pero esto no significa que las demás, no puedan llegar en el futuro a reunir los méritos necesarios para desempeñarse en el cargo. En otras palabras, perder un concurso puede obedecer a un sinnumero de factores, que no necesariamente apuntan a concluir que la persona no puede llegar a ser apta para el cargo. Por eso, una medida como la analizada, difícilmente podía garantizar una correspondencia adecuada con la finalidad que se pretende, que es la de atraer a los mejores aspirantes para la carrera notarial. De hecho, deja por fuera a un sinnúmero de personas que han invertido tiempo y recursos para prepararse para la postulación.

La Corte añadió que el mecanismo establecido por legislador en la disposición acusada no era adecuado, pues precisamente el mérito de una persona que aspira en determinado momento a un cargo en la carrera notarial es el objeto de la evaluación que se deberá hacer dentro del concurso, de manera tal que no tendría sentido entrar a descalificar a una persona con anterioridad al mismo. Que una persona pueda aspirar no significa que tenga que ser elegida; su elección dependerá entonces, de la evaluación que se haga sobre sus condiciones y la de los demás aspirantes dentro del proceso del concurso.

Por lo anterior, la Corte declaró inexequible el artículo 167 del Decreto 960 de 1970. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-177-09

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