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Última modificación: 2011-02-28
La inhabilidad por parentesco de los aspirantes a ser diputados se extiende hasta el tercer grado de consaguinidad

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, un ciudadano demandó parcialmente el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, el cual establece que no podrá ser inscrito ni elegido Diputado a la Asamblea Departamental ?...5. Quien tenga vínculo por matrimonio, unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección...?

A juicio del actor, la expresión ?segundo grado de consanguinidad?, contenida en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 es inconstitucional, en cuanto que, por su intermedio, se fija un régimen de inhabilidades para los diputados que resulta ser menos estricto al previsto por la Constitución Política para esos mismos servidores públicos.

Precisa al respecto que la Carta Política, en su artículo 299, inciso segundo, dispone que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados es fijado por la ley y no puede, en modo alguno, ser menos estricto que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los congresistas. En concordancia con tal disposición, el mismo texto Superior prevé en el artículo 179, numeral 5, que no podrán ser congresistas ?[q]uienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política?.

Aduce que, en aplicación de las anteriores premisas, es claro que la norma parcialmente acusada viola el régimen constitucional de inhabilidades para los congresistas que se extiende a los diputados, pues frente a la causal consistente en tener vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco con funcionario que ejerza autoridad civil o política, mientras la Constitución extiende dicha inhabilidad hasta el ?tercer grado de consanguinidad?, la ley la reduce al ?segundo grado de consanguinidad?.

En criterio de la Corte, para el caso específico de los diputados, el inciso 2° del artículo 299 de la Constitución Política dispone expresamente que su régimen de ?inhabilidades e incompatibilidades? será ?fijado por la ley?, precisando además el aludido precepto, que ?[n]o podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda?.

En este sentido, aun cuando la Constitución le otorga al legislador libertad de configuración normativa para establecer el régimen de inhabilidades de los diputados, también le señala precisos límites a dicha libertad, pues ha dejado en claro que el régimen que le compete desarrollar debe llevarse a cabo atendiendo los mandatos de la Constitución, sin que en ningún caso pueda éste ser menos riguroso que el previsto para los congresistas.

Al respecto, el artículo 179 numeral 5° de la Constitución, consagra la siguiente inhabilidad para los miembros del Congreso: no podrán ser congresistas: ?Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política?. Dicha inhabilidad se complementa con lo previsto en el inciso 2° del parágrafo transitorio, en el que se dispone que ésta se refiere a ?a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección?.

Así las cosas, si el artículo 299 de la Constitución Política faculta al legislador para regular el régimen de inhabilidades de los diputados, y le establece como límite que éste no sea menos estricto que el previsto para los congresistas, al advertirse que la preceptiva impugnada reguló en términos más amplios que la Constitución la inhabilidad por parentesco, la Corte concluyó que la ley, al expedir la medida impugnada, desbordó los límites que le fijó la propia Carta en la materia, modificando también el alcance de la inhabilidad que se debate, prevista en el artículo 179-5 de la Carta, haciéndola menos restrictiva en ese campo.

En cuanto esta última norma constitucional, el artículo 179-5, se refiere al parentesco en el tercer grado de consanguinidad, la norma acusada no podía reducirlo al segundo grado, ya que la atribución constitucional reconocida al legislador para regular el tema de las inhabilidades de los diputados, estaba claramente limitada por el mandato también constitucional, que prevé que dicho régimen no puede ser menos estricto que su similar previsto para los congresistas.

La contradicción entre la citada frase y la Carta conduciría a su declaratoria de inexequibilidad simple. Sin embargo, encontró la Corte que ello no era posible, pues una decisión con ese alcance generaría vacíos e inconsistencias en la aplicación de la preceptiva impugnada, manteniendo incluso vigente su contrariedad con la Constitución. En efecto, al retirar del ordenamiento la expresión ?segundo grado de consanguinidad?, la prohibición a la que se integra se mostraría insuficiente e indeterminada, en cuanto desaparecería la prohibición por parentesco de consanguinidad para quienes aspiren a ser diputados, produciendo tal decisión un efecto contrario al perseguido en el proceso, ya que en términos generales la inhabilidad legal resultaría ser menos estricta que la prevista para los congresistas en el artículo 179-5 del Estatuto Superior.

Bajo esos supuestos, el Tribunal Constitucional resolvió acudir al expediente de las sentencias integradoras, en la modalidad sustitutiva, para permitir, por un lado, retirar del ordenamiento jurídico los contenidos normativos juzgados como inconstitucionales y, por el otro, ajustar la disposición de manera que exprese un significado coherente, de acuerdo con los designios de la Constitución.

Bajo ese criterio, en la parte resolutiva del fallo, la Corte declaró inexequible la expresión ?segundo grado de consanguinidad? contenida en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, y ante el vacío surgido de tal determinación, procedió a sustituirla por la expresión ?tercer grado de consanguinidad?, ajustando así la inhabilidad legal por razones de parentesco prevista para quienes aspiren a ser diputados, a lo dispuesto en los artículos 179-5 y 299 de la Constitución Política. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-325-09

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