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Última modificación: 2011-05-27
La oportunidad para discutir los motivos de nulidad del proceso precluye una vez se ha dictado sentencia

El accionante instauró demanda en ejercicio de la acción electoral en contra de la elección del alcalde su municipio por violación del régimen de incompatibilidades consagrado en el artículo 38 numeral 7 y 39 de la Ley 617 de 2000 procediendo a solicitar la nulidad de su elección. El Juzgado Primero Administrativo negó las pretensiones de la demanda por lo que el accionante interpuso recurso de apelación.

Surtido el tramite de segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo profirió la sentencia el 1 de Agosto de 2008, en la cual revocó la decisión del Juzgado de Primera Instancia y anuló la elección del Alcalde impugnada, concediendo las pretensiones de la demanda. Sin embargo, luego de ejecutoriada la sentencia, le comunicaron que mediante auto interlocutorio del 15 de Agosto de 2008, el mismo Tribunal anuló toda la actuación surtida hasta ese momento, por cuanto se había aceptado erróneamente un impedimento a la Magistrada ponente, cuando ya había desaparecido el motivo que lo generaba. La Magistrada había manifestado estar impedida para actuar dentro del proceso electoral, por sus lazos de amistad con la apoderada del funcionario cuya elección era objeto de dicho proceso. Luego de declarada la nulidad, el proceso pasó nuevamente al despacho de la Magistrada, para elaborar el proyecto de fallo, el cual fue proyectado en sentido contrario al dictado inicialmente, es decir, que confirmó la decisión del Juzgado Primero Administrativo, negando las pretensiones incoadas en la acción electoral.

El demandante presentó acción de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo, por considerar que había violado su derecho fundamental al debido proceso al proferirse, dentro de un proceso electoral, un auto de nulidad después de haber emitido sentencia de segunda instancia.

Según lo dispuesto en el artículo 142 del C.P.C., las causales de nulidad deben alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieren en ella, lo que significa que el legislador, expresamente consagró una oportunidad para discutir los motivos de invalidez del proceso, que precluye con la fuerza de la sentencia.

No existe certeza en el expediente respecto del escrito de nulidad y por ello, no es claro si el incidente se presentó una vez ejecutoriada la sentencia o dentro del término de notificación de la misma; la Corte encontró que en el escrito introductorio de la nulidad, estaban plasmados 3 sellos de recibido: uno del 13 de agosto, otro del 12 repujado claramente en un 11 y otro efectivamente del 11. Pese a ello, lo importante es que una vez proferida la sentencia del 1° de agosto de 2008, solamente era pertinente declarar la nulidad respecto de vicios que se originaran directamente en aquella.

Para la Corte, las razones expuestas en el auto de 15 de agosto y en el de 27 de octubre de 2008 tienen origen en circunstancias anteriores al fallo, y de ahí que ya la nulidad no podía habilitarse al amparo de las causales mencionadas en los autos relacionados y que no se acompasan con las razones reales de la declaratoria de nulidad. En efecto, la Corte constató en el expediente que la nulidad fue declarada por la errónea admisión del impedimento de la Magistrada ponente a través del auto de 17 de junio de 2008, pues a juicio del Tribunal, había desaparecido el motivo de impedimento invocado por la Magistrada. El hecho descrito en modo alguno hace relación con los precisos supuestos de hecho que recogen los numerales 2 y 3 del artículo 140 C.P.C., que sirvieron para justificar la nulidad de lo actuado, y que prevén como causales de nulidad las siguientes: (i) cuando el juez carece de competencia y (ii) cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

Ninguna de las hipótesis mencionadas se aviene a la circunstancia acaecida en este caso, fundada realmente en que por error, el Tribunal Administrativo del Chocó aceptó el impedimento manifestado por la Magistrada. Recurrir a las dos causales de nulidad mencionadas para anular toda la actuación, incluyendo la sentencia de 1° de agosto de 2008, es una clara desviación del procedimiento establecido, por cuanto ni se había afectado la competencia, ni se estaba procediendo contra providencia ejecutoriada.

Por lo tanto, la decisión del Tribunal Contencioso al decretar la nulidad de lo actuado dentro de la causa electoral que se ventilaba, constituye una clara vía de hecho por defecto procedimental y sustantivo.

La Corte, en consecuencia, decidió confirmar el fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que a su vez había decidido tutelar los derechos fundamentales vulnerados al accionante, dejando sin efecto el auto del 27 de octubre de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo demandado y dejando en firme la sentencia inicial del 1° de agosto de 2008, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Administrativo y se anuló el acto de elección del Alcalde del Municipio respectivo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-778-09

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