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Última modificación: 2012-01-10
La bancada debe sostener un parecer único en las decisiones que se adopten al interior de los cuerpos colegiados

Un grupo de ciudadanos adelantó un proceso de iniciativa popular legislativa para que el Congreso convocara al pueblo para que, por medio de un referendo, se pronunciara sobre un proyecto de reforma al artículo 197 de la Constitución Política, orientado a permitir la reelección del presidente que hubiere ejercido la presidencia por dos períodos consecutivos.

Dado que conforme al numeral 2 del artículo 241 de la Constitución, la Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo para reformar la Constitución con anterioridad al pronunciamiento popular, se procedió al estudio de la Ley 1354 de 2009.

Entre otros aspectos, la Corte se pronunció sobre el el trámite dado en el Congreso a la propuesta bajo el régimen de bancadas de los partidos políticos.

La Corte encontró que los cinco Representantes a la Cámara elegidos por el partido Cambio Radical, durante la votación de los impedimentos llevada a cabo el veintiséis (26) de agosto de 2009, desconocieron las directrices establecidas por la bancada y votaron rechazando los impedimentos presentados durante esa sesión. Luego utilizaron la posibilidad establecida de manera transitoria por el Acto Legislativo 01 de 2009 de cambiar de partido, para eludir la potestad sancionadora del Partido Cambio Radical. Valorada en su conjunto esta actuación supuso una clara trasgresión del artículo 108 constitucional, precepto que obliga a los congresistas a actuar de conformidad a los lineamientos trazados por la bancada y que señala como consecuencia de la trasgresión el ejercicio del poder disciplinario por parte del partido.

De los hechos anteriormente consignados se desprende que los representantes en cuestión: (i) desconocieron la disciplina de bancada y votaron los impedimentos en contra de las directrices señaladas por ésta; (ii) en lugar de ejercer el derecho de defensa ante el Comité de Ética del Partido Cambio Radical prefirieron acudir al expediente de cambiarse al Partido de la U, con el propósito de eludir la potestad sancionadora de la primera agrupación política; (iii) la razón para apartarse de las directrices fijadas por la bancada en la votación que tuvo el lugar el 26 de agosto de 2009 no fueron asuntos de conciencia, único motivo autorizado por el artículo 108 constitucional.

Analizada en su conjunto la anterior actuación queda evidenciada claramente la trasgresión del artículo 108 constitucional, supuestamente amparada por la permisión temporalmente establecida en el Acto legislativo 01 de 2009 de cambiar de partido. No obstante, en este caso, el transfuguismo fue un cambio consciente y deliberado de partido con fines claramente coyunturales, específicamente para conformar las mayorías en una votación particular durante el trámite de la Ley 1354 de 2009, el cual supuso el quebrantamiento de la disciplina de bancada, la vulneración el artículo 108 constitucional y una maniobra deliberada para escapar del poder disciplinario de su bancada original.

Adicionalmente, el cambio de partido también fue contrario a la finalidad perseguida por el parágrafo transitorio del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2009, el cual estableció esta posibilidad con miras a las elecciones que tendrían lugar en el año 2010 y no para propiciar la formación de mayorías coyunturales durante el debate y aprobación de una ley convocatoria a un referendo para modificar la Constitución y establecer una segunda reelección presidencial inmediata.

Considera por lo tanto esta Corporación que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al haber sido advertida oportunamente de la sanción impuesta por el Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical no podía permitir que los congresistas afectados por la misma participaran en la votación que tuvo lugar el primero (01) de septiembre de 2009, pues éstos habían recurrido al cambio de partido para escapar del poder sancionador de dicha agrupación política y, adicionalmente, porque la Mesa Directiva y la Plenaria de la Cámara carecen de competencia para examinar las sanciones impuestas por un partido político. Por esta razón, se concluye, que no es posible tener como votos válidos los depositados por los representantes cuestionados en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes llevada a cabo en esta última fecha.

Comprueba la Corte que el apoyo exigido por el reglamento del Congreso para la aprobación de este informe es la mayoría de los miembros de la corporación. Estando conformada por 166 miembros, el informe ha debido obtener por lo menos 84 votos a favor para considerarse válidamente aprobado.

Como consta en el Acta 201, publicada en la Gaceta No. 991 del 5 de octubre de 2009, en la sesión plenaria del primero (01) de septiembre de 2009 de la Cámara se incluyó el informe de conciliación del proyecto ahora estudiado en el orden del día, siendo aprobado en dicha sesión con la siguiente votación: por el Sí: 85; por el No: 5 .

Sin embargo, dentro del total de los votos a favor están los de los representantes cuyo derecho al voto se encontraba suspendido, razón por la cual deben ser restados del total obtenido. Esta operación arroja como resultado que el informe de conciliación fue respaldado por un total de 80 representantes y, por consiguiente, no se alcanzó la mayoría mínima que la Constitución y el Reglamento del Congreso exigen para su aprobación en la Cámara de Representantes.

Por esta razón, la Corte considera que se presenta un vicio de carácter insubsanable, pues no se alcanzó uno de los presupuestos de aprobación del informe de conciliación, cual es el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-141-10

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