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Última modificación: 2012-01-10
Los títulos otorgados por instituciones de educación superior reconocidas en el país no requieren trámite de legalización ante autoridad colombiana

El accionante, interpuso acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos, trabajo en condiciones dignas y justas y buena fe. La Registraduría excluyó al actor del proceso de selección del concurso abierto de méritos establecido en la convocatoria No 003 de 2008 para proveer cargos de Delegado Departamental del nivel directivo, por no haber acreditado debidamente las actas de grado de los títulos universitarios y de formación avanzada de acuerdo al trámite dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional.

Al hacer un análisis de la convocatoria No 003 de 2008, la Corte observó que únicamente cabría la legalización de los títulos profesionales para el caso de estudios realizados en el exterior, de tal manera que los títulos profesionales expedidos por universidades nacionales no quedan comprendidos dentro de los requisitos de legalización, pues como lo dice la norma, solo basta la presentación de dichos títulos por parte de la institución educativa, con los registros y autenticaciones que señalen las normas.

La Corte encontró, con fundamento en lo certificado por el Ministerio de Educación Nacional, que los títulos otorgados por instituciones de educación superior reconocidas en el país, son válidos (negrillas fuera de texto) a partir de su expedición y por tanto no requieren ningún trámite de legalización ante ninguna autoridad colombiana. Finalmente, el artículo 62 del Decreto 2150 derogó el registro estatal de los títulos profesionales, correspondiéndole entonces a las instituciones de educación superior llevar dicho registro, con constancia del número de registro en el diploma y en el acta de grado.
En consecuencia, no le era dable a la Registraduría exigir un trámite y unos requisitos que ya habían sido derogados, restringiendo con ello las posibilidades del actor y los demás participantes para continuar en igualdad de condiciones en el proceso de selección del concurso de méritos, toda vez que se le dio un trato discriminatorio y arbitrario al separarlo del mencionado proceso de selección desconociendo que efectivamente había cumplido con los requisitos exigidos específicamente en lo relacionado con la acreditación de estudios de educación superior. Por consiguiente, la Corte encontró irrazonables los motivos por los cuales se excluyó al accionante del proceso de selección al concurso de méritos de la Registraduría, vulnerando con ello su derecho a acceder en condiciones de igualdad al concurso de méritos.

Con todo, en el presente caso la Registraduría cumplió con la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado al reincorporar al actor al proceso de selección del concurso de méritos de la Registraduría y calificar la prueba de conocimientos en ambiente Web, desapareciendo con ello la vulneración de los derechos del accionante. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-175-10

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