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Última modificación: 2012-01-11
La pérdida de investidura de un concejal que actúa en representación de terceros ante entidades municipales, puede ser decretada aunque no sea abogado titulado

A través de apoderado, el actor interpuso acción de tutela contra las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 1° de septiembre de 2005, y la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 13 de junio de 2007, mediante las cuales se declaró la pérdida de investidura del actor como concejal. Así mismo impugnó por esta vía, el auto de septiembre 5 de 2008 mediante el cual el Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario especial de revisión instaurado contra aquellas decisiones.

La Sala Plena del Tribunal Administrativo declaró la pérdida de investidura del accionante como Concejal, por violación del régimen de incompatibilidades. Encontró el Tribunal que efectivamente el entonces cabildante, durante el tiempo en que se desempeñaba como Concejal, actuó como apoderado de terceros particulares al solicitar ante la Secretaría de Hacienda del Municipio la aprobación de liquidación y prescripción de impuestos de un inmueble de propiedad de esos terceros. Incurrió así, a juicio del tribunal, en violación al régimen de incompatibilidades a que hace referencia el artículo 45 numeral 2° de la Ley 136 de 1994, norma que prohíbe expresamente a los concejales ser apoderados ante las autoridades públicas del respectivo municipio, o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo.

Mediante providencia de julio trece (13) de 2006 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró la pérdida de investidura.

Frente a las dos tesis interpretativas que se ventilaron en las instancias del contencioso administrativo sobre el alcance de la prohibición del artículo 45.2 de la Ley 136/94, la Corte expresó que no le correspondía al juez constitucional dirimir la aparente o real contradicción que pudiera existir entre dos interpretaciones precedidas de sustento racional. Su labor, dentro del reducido marco que le señala el respeto por el principio de autonomía judicial, consiste en examinar si las decisiones acusadas gozan de un soporte racional mínimo, y si la interpretación en que se fundamenta la regla aplicada para la resolución del caso, resulta contraevidente, irrazonable o desproporcionada, en cuanto se le asignen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

En el presente evento observó la Corte que el alcance que las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sección Primera del Consejo de Estado, le atribuyen a la prohibición del numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136/94, se fundamenta en:(i) el texto mismo de la disposición que refiere a una categoría genérica, no calificada, de ?apoderados?; (ii) en una perspectiva teleológica ligada a los cometidos que de acuerdo con la Constitución, la ley y la jurisprudencia se pueden adscribir al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los concejales como representantes de los intereses de la comunidad local; y (iii) en los principios generales de transparencia, idoneidad, moralidad y probidad que el artículo 209 de la Constitución establece como marco para el ejercicio de la función pública.

Así las cosas, no encontró la Corte que las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera del Consejo de Estado representen una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad legal que rige las inhabilidades e incompatibilidades de los concejales, y sus excepciones. Por el contrario, la regla aplicada se encuentra amparada por el tenor literal del artículo 45.2 de la Ley 136 de 1994, interpretado bajo el prisma de los fines que animan el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades en general, y de los principios que orientan la función pública.

La interpretación acogida por los jueces de instancia responde a criterios de razonabilidad, por lo que tal como lo ha indicado la jurisprudencia, no puede ser tachada como vía de hecho, sino que representa una vía de derecho distinta que resulta respetable en cuanto es el producto de un ejercicio legítimo de la autonomía que el orden jurídico les reconoce a los jueces.

El contenido y alcance de la disposición aplicada fueron cuidadosamente escrutados por la misma jurisdicción contencioso administrativa a través de dos instancias, acudiendo a los procedimientos ordinarios y mediante el agotamiento de los recursos que establece la ley, por lo que no le es dable al juez constitucional intervenir para modificar la orientación impartida al asunto, mediante una interpretación diversa de la ley, tarea que en principio corresponde al juez del conocimiento.

No se estructura en consecuencia, el error sustantivo o material que acusa el demandante en las decisiones que declararon la pérdida de su investidura como concejal, por lo que la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela en el caso analizado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-180-10

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