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Última modificación: 2012-01-19
Quien reemplaza al alcalde a título de encargo no puede postularse como candidato a cargos de elección popular

En el mes de octubre de 2007, el tutelante resultó elegido alcalde municipal, pero su elección fue impugnada por medio de una acción de nulidad electoral presentada por una ciudadana. El Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento, mediante sentencia de mayo de 2008, denegó las pretensiones de la demanda por cuanto consideró que no se configuró la inhabilidad contemplada en los artículos 38 y 39 de la Ley 617 de 2000, en cuanto lo que en ello se consagra es una incompatibilidad y no una inhabilidad.

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo, el Consejo de Estado en providencia de Julio de 2009 la revocó, y en su lugar anuló el acto de elección del alcalde para el período constitucional 2008-2011. Como consecuencia de dicha anulación ordenó la realización de nuevas elecciones en dicho municipio, por cuanto consideró que sí se configuró una inhabilidad por haberse presentado como candidato antes de transcurridos veinticuatro meses (24) desde el momento en que se produjo su retiro como alcalde encargado.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el elegido había ejercido como alcalde encargado del 23 de marzo de 2006 al 3 de mayo de 2006 (un mes y doce días), consideró que el alcalde electo ??tenía legalmente prohibido inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular en el municipio de Yumbo entre el 3 de mayo de 2006 y el 3 de mayo de 2008, de modo que al haberlo hecho como candidato al cargo de alcalde de esa entidad territorial el 3 de agosto de 2007, infringió las normas previstas en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, resultando así nula su elección? (negrillas fuera del texto).

Para la Corte, aunque la denominación de incompatibilidad es impropia y hubiera sido mejor que el legislador las hubiera llamado prohibiciones, inhabilidades genéricas o condiciones de inelegibilidad, lo cierto es que en el caso concreto la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 31 de julio de 2009 no incurrió en una vía hecho o en un error manifiesto y grosero en la interpretación de los artículos 38 y 39 de la ley 617 de 2000, ya que como se ha establecido en la jurisprudencia constitucional, las incompatibilidades pueden extender su vigencia en el tiempo que determine el legislador en aras de proteger el interés público y la igualdad electoral. Por ende, considera la Corte que la interpretación sobre este punto no fue errónea ni se incurrió en un defecto sustantivo.

En efecto, el numeral séptimo del artículo 38 de la ley 617 de 2000 establece que ?Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán: 7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido?, prohibición que se extiende en su vigencia durante el período constitucional y hasta veinticuatro (24) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia en la respectiva jurisdicción.

Si bien es cierto la comprensión del artículo 38 de la ley 617 de 2000 es ambigua, ya que no hay correspondencia entre el encabezado y el numeral 7º en lo que tiene que ver con el sujeto destinatario de la norma, el Consejo de Estado en la sentencia impugnada estableció que la situación de la designación, así como la del encargo temporal, puede acomodarse al supuesto de hecho de la norma.

La interpretación de que el alcalde encargado también es sujeto del supuesto de hecho de la norma sobre las incompatibilidades y de la extensión de su vigencia, había sido acogida por la Sección Quinta del Consejo en la sentencia de 5 de octubre de 2001, en donde se estableció, como se reseña en la sentencia impugnada, que ?el ejercicio del cargo, a cualquier título, se configura en inhabilidad, vale decir, no sólo cuando se ejerce en propiedad sino también mediante otra forma de provisión, como por ejemplo en provisionalidad, en comisión o por encargo, porque la norma hace referencia al ejercicio y no a la titularidad del cargo? (Negrilla fuera del texto).

Así mismo, la sentencia impugnada explica las razones de su decisión teniendo en cuenta la interpretación de que el encargo implica materialmente el desempeño de las funciones propias del empleo para el cual se ha producido, en este caso el de alcalde, y que la interpretación de que el encabezado del artículo 38, del numeral 7º del mismo artículo, y de la extensión de la vigencia de la prohibición de inscribirse a cualquier cargo de elección popular a los alcaldes encargados es la acertada y es constitucionalmente legítima, ya que tiene como fin ?garantizar la igualdad de trato de los candidatos a ser elegidos alcaldes ? e impedir que los candidatos que hayan ejercido las funciones como alcalde dentro de los 24 meses anteriores a la inscripción influyan sobre los electores mediante las prerrogativas que se derivan de dicho cargo?.

El accionante en el mes (1) y doce (12) días que ejerció como alcalde encargado del municipio, desempeñó temporalmente las funciones administrativas propias del alcalde nombrando funcionarios, delegando funcionarios como representantes del Alcalde, realizando encargos, efectuando traslados del presupuesto de ingreso y gastos, realizando contrataciones directas y tomando resoluciones gubernamentales que consideró importantes en el interés del municipio. Por ende, considera la Corte que no es cierto, como afirma el demandante, que la situación de encargo sea una ?situación administrativa precaria?. Lo anterior ya que durante el tiempo que se ejerce como alcalde encargado se cumplen las mismas funciones que el alcalde titular, dando lugar a que el ejercicio del poder durante ese lapso lo pueda favorecer como candidato y de esta manera pueda vulnerar el principio de igualdad de oportunidades en la elección.
En consecuencia, la Corte considera que en el caso concreto la Sección Quinta del Consejo de Estado no fue arbitraria en la interpretación de la norma y por lo tanto no incurrió en los defectos sustantivos alegados por el actor.

Por otra parte, el alto Tribunal Sala consideró que la providencia objeto de esta demanda tuvo en cuenta no solo la normatividad prevista para resolver el caso, sino también el desarrollo jurisprudencial y el precedente que ha venido construyendo la Sección Quinta del Consejo de Estado en torno a la figura de la incompatibilidad y del encargo, de tal manera que tampoco se puede calificar a la sentencia de arbitraria por falta de motivación de la decisión y estaría más bien cumpliendo con la obligación que tienen los jueces de seguir con el precedente horizontal.

En consecuencia, la Corte decidió confirmar la sentencia proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de fecha 12 de noviembre de 2009, mediante la cual negó la acción de tutela promovida por el accionante, contra la Sentencia de 31 de julio de 2009 proferida por la Sección Quinta de esa misma corporación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-343-10

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