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Última modificación: 2012-01-20
La inhabilidad para el ejercicio de la función pública de que trata el inciso final del artículo 122 c. p. versa sobre la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, en tanto delitos comunes, no políticos

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, un grupo de ciudadanos presentó demanda contra las expresiones que se subrayan, contenidas en el art. 122 de la Constitución, modificado por el art. 4º del Acto Legislativo No 01 de 2009:

?Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,[2] por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Los ciudadanos demandantes consideran que los apartes acusados son contrarios al artículo 375 de la Constitución, que regula la competencia del Congreso para adelantar reformas constitucionales a través de actos legislativos. Luego de exponer una síntesis acerca de la jurisprudencia constitucional sobre la competencia de la Corte para ejercer el control judicial de los actos legislativos que incurren en sustitución de la Constitución, los demandantes sostienen que los preceptos censurados, en tanto prevén un régimen de inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, sustituye uno de los elementos estructurales de la Carta Política, consistente en la distinción entre delitos comunes y políticos.

Con base en estas consideraciones, sostienen que la distinción entre delitos comunes y políticos es un aspecto estructural de la Constitución y, en especial, el tratamiento especial más beneficioso para aquellos es un rasgo definitorio del Estado Social y Democrático de Derecho, desconocido por la reforma demandada. Resaltan que ese precepto trae como consecuencia la privación de derechos políticos para dichos delincuentes, afectándose con ello el mandato de tratamiento más favorable antes aludido.

Para la Corte, del análisis de la jurisprudencia constitucional sobre la acción pública por vicio de sustitución, se infiere la existencia de especiales cargas argumentativas. En primer término, el cargo es cualificado, lo que implica que el nivel argumentativo exigido es más estricto que el de otro tipo de demandas, puesto que el actor o actora debe expresar razones específicas, ciertas, pertinentes y suficientes que permitan acreditar fehacientemente que (i) determinada materia es una aspecto definitorio o estructural de la Constitución, para lo cual deben definir cómo se trata de un tópico identificable a partir de una interpretación sistemática, y por ende, razonable, de la Carta Política; (ii) demostrar que la reforma constitucional acusada sustituye la Constitución, al destruirla, suprimirla, quebrantarla o suspenderla.

En segundo lugar, las exigencias argumentativas antes anotadas responden a la metodología de decisión para las acciones basada en el exceso del poder de reforma constitucional. Si tales requisitos argumentativos mínimos no están presentes, no es posible tomar una decisión de fondo sobre la demanda propuesta, lo que implicará adoptar un fallo inhibitorio.

Centrada en el análisis del cargo, la Corte observó que el legislador distingue entre los delitos políticos y las conductas que pudieren considerarse válidamente como conexos o subsumidos a estos, de otros tipos autónomos, entre ellos a los que refiere la norma acusada, que se encuadran prima facie dentro de la categoría de delitos comunes. Así, el actual Código Penal incorpora dentro del título XVII, que trata de los delitos que contrarían el bien jurídico de la protección al régimen constitucional y legal, a los delitos de rebelión, sedición y asonada (Artículos 467 a 469 del Código Penal. De otro lado, el mismo Código consagra en el título XII aquellas conductas que contravienen el bien jurídico protegido de la seguridad pública, de las que hacen parte, de entre otros, los delitos de concierto para delinquir, entrenamiento para actividades ilícitas, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (Artículos 340 a 345 del Código Penal). En ese sentido, no resulta acertada la conclusión que equipara o subsume a los delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales a los delitos políticos, en tanto el legislador, adoptando la doctrina jurídica tradicional sobre la materia, ha distinguido entre las dos modalidades de conductas punibles.

El análisis del debate congresional que precedió al artículo 4º del Acto Legislativo 1º de 2009 demuestra, de manera fehacientemente, que el legislador no tenía por objeto disponer con dicha norma una inhabilidad para el ejercicio de la función pública para las personas condenadas por delitos políticos. Antes bien, ese análisis permite concluir que la intención del constituyente derivado era aplicar la inhabilidad para los responsables de la pertenencia, conformación o financiación de grupos armados ilegales, en tanto punibles por delitos comunes, en especial aquellos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos.

De los distintos debates que precedieron a la aprobación de la norma acusada, la Corte encontró que, contrario a como lo sostienen los demandantes, el Congreso no concluyó, e incluso se opuso de forma manifiesta, a que los delitos de pertenencia, conformación o financiación de grupos armados ilegales, fueran asimilados a delitos políticos. Antes bien, las cámaras legislativas debatieron distintas fórmulas de redacción de la norma, tendientes a que esa diferenciación resultara lo suficiente clara y, a su vez, no pudiera interpretarse como un mecanismo para desvirtuar las finalidades esenciales de la Reforma Política de 2009, en especial impedir el acceso de candidatos promocionados por grupos armados ilegales a los órganos de representación popular. Fruto de esos intensos debates parlamentarios es la disposición objeto de reproche de constitucionalidad.

Como lo señalan los demandantes, la Constitución dispone varias normas tendientes a prodigar un tratamiento diferenciado, más benévolo, a favor de los responsables de delitos políticos respecto de los condenados por delitos comunes. Para el presente caso interesa centrarse en las reglas superiores que exceptúan al delincuente político del régimen de inhabilidades para el ejercicio de modalidades de función pública. Así, el artículo 179-1 prevé que no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Del mismo modo, el artículo 232-3 prevé entre los requisitos para desempeñar los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Finalmente, el artículo 299 C.P. determina dentro de las condiciones requeridas para ser elegido diputado, la de no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos. Además, similar previsión fue otorgada, de manera temporal, por el artículo 18-1 transitorio C.P., norma que previó que mientras la ley estableciera el régimen de inhabilidades para los gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrían ser elegidos como tales, entre otros supuestos, quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, con excepción de quienes lo hubieran sido por delitos políticos y culposos.

Si se aceptara la tesis de los demandantes, en el sentido que los delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales se subsumen en la categoría de delito político, se llegaría a la forzosa conclusión que dichos delincuentes políticos estarían inhabilitados, entre otros asuntos, para ser inscritos como candidatos a elección popular, o ser elegidos o designados como servidores públicos. Así, al menos para el caso de los congresistas, los magistrados de altas cortes y los diputados, se estaría ante una antinomia constitucional. En efecto, bajo el particular entendimiento que los actores hacen del aparte acusado, concurrirían en la Constitución reglas de derecho que simultáneamente adscribirían y excluirían la aplicación de la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por parte de las personas condenadas por delitos políticos, al menos frente a las dignidades que la Carta Política refiere expresamente.

No obstante, los argumentos expresados en los fundamentos jurídicos anteriores demuestran, de manera fehaciente, que la antinomia propuesta por el cargo de inconstitucionalidad es aparente. Ello debido a que tanto el análisis de la tipificación de los delitos que conllevan la inhabilidad en comento, como la reconstrucción de las discusiones parlamentarias que dieron lugar al Acto Legislativo que introdujo la reforma demandada, obligan a concluir que la inhabilidad para el ejercicio de la función pública de que trata el inciso final del artículo 122 C.P. versa sobre la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, en tanto delitos comunes. Por lo tanto, ante dos interpretaciones concurrentes, una que, carente de fundamento, genera una antinomia constitucional y otra que, basada en distintas modalidades hermenéuticas comúnmente aceptadas, infiere la inexistencia de la antinomia, debe preferirse la segunda.

Frente al aparte demandado del artículo 4º del Acto Legislativo 1º de 2009, se concluye que la interpretación que del mismo efectúan los demandantes contraviene los requisitos de suficiencia y certeza. En consecuencia, la Corte decidió INHIBIRSE de adoptar decisión de fondo respecto de la expresión ?o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales?, contenida en el artículo 4º del Acto Legislativo 1º de 2009 ?por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.?, en razón de la ineptitud sustantiva de las demandas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-986-10

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