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Última modificación: 2012-01-20
La búsqueda de prosélitos por perifoneo en un proceso de revocatoria del mandato constituye un mecanismo de participación política de la ciudadanía

Los accionantes descritos en calidad de veedores ciudadanos, interponen la presente acción de tutela contra la alcaldesa del municipio. Manifiestan que el día universal del trabajo, en su condición de líderes de la comunidad, realizaron una reunión pacífica en la plaza central del municipio, con el fin de perifonear con megáfono la recolección de firmas de la ciudadanía para la revocatoria del mandato de la alcaldesa municipal. Informan que en desarrollo de esa actividad, el Secretario de Gobierno en compañía de personal de la policía nacional, prohibió continuar con la acción, so pena del decomiso del megáfono. Sin embargo, después de un acalorado diálogo ?nos permitieron continuar con la recolección de firmas para tal revocatoria, pero, PROHIBIENDO EL USO DEL MEGAFONO?.

Precisan que el 07 de abril del año en curso, ya habían sido interrumpidos en su labor de perifoneo y recolección de firmas, puesto que miembros de la policía procedieron a capturarlos y conducirlos hasta la estación de policía. Afirman que allí los requirieron y que se les realizó la siguiente anotación: ?Se les prohíbe a los señores el uso del megáfono en la actividad que están desarrollando y si continúan usándolo se les decomisará?.

Informan que el 03 de mayo de 2010, dirigieron escrito de petición a la Secretaría de Gobierno con el fin de conseguir la autorización para usar el megáfono en el proceso de revocatoria de mandato que adelantan, ya que de forma verbal la entidad les había manifestado que el 07 de mayo respondería la solicitud. Concluyen que ellos representan a los habitantes inconformes del municipio de Montenegro que no comparten las decisiones y el desarrollo del programa de Gobierno de la actual mandataria municipal, razón por la que se les está coartando el derecho a expresar y difundir su pensamiento.

A juicio de la Corte, el modelo de democracia participativa consolidado en la Carta, tiene como propósito concreto garantizar a los ciudadanos su permanente intervención en todos los procesos determinantes, tanto electorales como no electorales, que afecten o comprometan sus intereses, con el fin de robustecer los medios de representación, democratizarlos y promover un pluralismo balanceado y menos desigual. En consecuencia, para la Corte es plausible afirmar que las autoridades públicas en ejercicio de sus potestades administrativas tienen el deber de estimular la participación democrática y la obligación de no obstaculizar su ejercicio.

Puesto de presente lo anterior y procediendo a aplicar al caso especifico los parámetros referidos, la Corte advirtió que la decisión del ente territorial accionado, de impedir el uso del megáfono a los accionantes en sus instalaciones, en principio constituye una medida adecuada porque tiene un fin legítimo y porque resulta idóneo para alcanzarlo, ya que (i) busca la protección del derecho a la seguridad e integridad tanto de los accionantes como de la comunidad en general, ante la alteración del orden público que afronta el municipio; (ii) pretende el bienestar de la comunidad ya que para el perifoneo con altoparlante existe el prerrequisito de solicitar a la administración permiso para el uso y al momento del acaecimiento de los hechos no se había ni siquiera interpuesto la solicitud.

No obstante, reiteró la Corte que no es suficiente que la limitación constituya una medida adecuada sino que ésta debe ser necesaria en estricto sentido. Sobre este punto, una vez analizados por el Tribunal los argumentos expuestos por el ente territorial para prohibir el uso del megáfono, advirtió que no resultaba indispensable la determinación adoptada por el ente territorial por cuanto, por un lado, en lo que respecta al argumento del orden público, lo sustenta en un informe preparado por el comandante de la estación de policía, respecto de los homicidios acaecidos en el municipio a 13 de mayo de 2010. Sin embargo, no se expone por parte de la entidad accionada de qué manera se atenta contra la seguridad a partir de las acciones de los promotores de la revocatoria por el uso del megáfono, ya que la mayoría de los homicidios han ocurrido en las denominadas zonas de tolerancia a las que hace referencia el estudio.

Por lo expuesto, para la Corte la invocación en abstracto de la protección del orden público para limitar el derecho a la libertad de expresión se torna genérica, vaga, indeterminada y sin fundamento relevante.

Sumado a lo anterior, la Corte consideró que se puede obtener un resultado similar con un sacrificio menor de principios constitucionales y teniendo la potencialidad de alcanzar el fin propuesto. Si bien se podrían dar los enfrentamientos ideológicos entre los partidarios de la revocatoria de un lado y del otro los de la administración, se pudo haber dispuesto el acompañamiento de la fuerza pública, para evitar la alteración del orden público. En todo caso, esta decisión no puede significar el veto al uso del altoparlante, que en términos de los accionantes, constituye la prolongación de su voz.

Del mismo modo, la medida adoptada por el municipio resultaba a juicio de la Corte desproporcionada, ya que el beneficio buscado con la medida sacrifica en alto grado valores y principios constitucionales sin que medie razón suficiente para hacerlo. No es preciso, puesto que el beneficio buscado con la decisión de proteger a los accionantes y a las eventuales personas que pudiesen entrar en conflicto, aunque es adecuada, sacrifica definitivamente los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al pluralismo informativo, ya que impide el ejercicio efectivo de la campaña para revocatoria de mandato, contemplada en la Constitución.

De este modo, el ejercicio del principio democrático a través de la búsqueda de prosélitos por perifoneo de megáfono para un proceso revocatorio, constituye un mecanismo de participación política de la ciudadanía. Por esta razón, pese a que la recolección de firmas no fue prohibida por la alcaldía, los representantes de la administración tienen la obligación de permitir el uso del megáfono y no entorpecer el proceso, ya que este tipo de práctica constituye censura y está expresamente prohibida por el artículo 20 superior. De ahí que el control de los ciudadanos en los asuntos políticos, sea fundamental e indisoluble para hacer de la democracia una realidad e incluso un espacio para que de forma pacífica se presenten argumentos a favor y en contra de determinado programa de gobierno y la ejecución del mismo.

Por su parte, la atribución de conservar el orden público contemplada en el artículo 315-2 de la Carta, corresponde a una competencia constitucional directa que demanda herramientas mínimas para su cumplimiento, obligación que debe garantizar el ejercicio del principio democrático, la participación ciudadana y el respeto de las garantías civiles como los derechos fundamentales a la libertad de expresión, acceso a la información y pluralismo informativo.

La Corte, en consecuencia, dispuso ORDENAR al municipio que, dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia autorizara y permitiera el uso del megáfono a los accionantes de la referencia, y advirtió a la alcaldesa del municipio y al Secretario de Gobierno del ente territorial que en lo sucesivo se abstengan de restringir o impedir el ejercicio democrático de la revocatoria del mandato, con las salvedades expresadas en el presente fallo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1037-10

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