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Última modificación: 2012-07-17
Derecho de los participantes en el proceso para designar al director ejecutivo de administración judicial a exigir que el proceso culmine y el cargo público sea provisto

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial convocó, mediante Acuerdo 02 de 2009, a quienes tuvieran interés de desempeñar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial y reunieran los requisitos exigidos por la Ley 270 de 1996, para que inscribieran sus nombres y presentaran la hoja de vida con los documentos que demostraran las calidades requeridas para el desempeño del referido cargo. El accionante atendió la convocatoria y agotó las diferentes etapas del concurso llegando a conformar la lista de finalistas con mayor puntuación, la cual debía ser votada por los miembros de la Comisión a efecto de elaborar la terna de la cual se elegiría el Director Ejecutivo, quedando en dicha votación en un cuarto lugar. El actor considera que la Comisión incurrió en una vía de hecho al no incluirlo en la terna y nominar a personas que no cumplían con los requerimientos exigidos, vulnerando los derechos al trabajo, igualdad, acceso y desempeño de cargos y funciones públicas, debido proceso. De igual manera, se plantea un conflicto de competencias surgido entre la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial y su incidencia en el caso presente.

La provisión del cargo de Director Ejecutivo de la Rama Judicial es un acto complejo toda vez que combina un mecanismo dual, la integración de la terna por parte de la Comisión Interinstitucional y la elección y nombramiento entre los nominados a cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En esa medida, corresponde tanto al nominador como al órgano encargado de elegir, velar por el cumplimiento de los requisitos legales y las calidades que exige el cargo, a pesar de que se trata de un procedimiento esencialmente discrecional en donde se puede elegir aquél que se considere más idóneo para el cargo.

Este proceso de designación no es un concurso de méritos al cual sean aplicables las reglas elaboradas por la jurisprudencia constitucional en la materia y, en todo caso, está sujeto a un marco normativo conformado, en primer lugar, por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270/96), que señala los requisitos que deben reunir los integrantes de la terna y, adicionalmente, por las normas reglamentarias expedidas por la propia Comisión Interinstitucional; de manera tal que si desconoce este marco normativo se vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a cargos y funciones públicos.

Este derecho resultó afectado por las discrepancias surgidas entre la Comisión Interinstitucional y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que resulta evidente en la devolución de la terna propuesta por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, por parte del Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que los candidatos postulados no reunían los requisitos establecidos en el artículo 99 de la LEAJ.

Debido a que en el caso concreto el cargo de Director Ejecutivo de administración judicial aún no ha sido provisto, como se desprende de las pruebas aportadas en sede de revisión, el amparo constitucional es procedente. En efecto, esta circunstancia fáctica permite que la acción de tutela despliegue todo su potencial de protección de los derechos fundamentales en juego, pues impide que se consolide la afectación del debido proceso administrativo y del derecho a acceder a cargos públicos.

Ahora bien, la acción impetrada no es procedente para ordenar la inclusión en la terna de elegibles, cual fue la pretensión planteada por el accionante. En efecto, a diferencia de aquellas situaciones en las cuáles la tutela es incoada por quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, luego de un concurso de méritos y no es nombrado, en el presente caso por las particularidades del procedimiento de nombramiento del Director Ejecutivo de administración judicial, que no ha sido previsto por la LEAJ como un concurso de méritos, no hay un derecho subjetivo de quienes participan en el procedimiento de selección a ser incluidos en la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

Como tampoco tiene el demandante derecho subjetivo a ser nombrado Director Ejecutivo de administración judicial, a pesar de reunir los requisitos establecidos en la ley, pues la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene un margen discrecional para apreciar a los distintos candidatos y elegir aquél que considere más idóneo para el cargo.

Ninguno de los aspirantes puede alegar ser titular de un derecho subjetivo a ser nominado Director Ejecutivo de Administración Judicial, sin embargo todos los que reúnan los requisitos tienen derecho a que el proceso de selección culmine y finalmente el cargo público sea provisto. En esa medida la paralización del procedimiento de selección afectó el derecho de acceso a los cargos públicos de los participantes, pues quedó en suspenso la provisión del cargo

A juicio de la Corte, debe adoptarse una orden que armonice el derecho al debido proceso y de acceso a cargos públicos de quienes participaron en la convocatoria inicial, con el ejercicio de la potestad nominadora de la cual es titular la Comisión Interinstitucional de la rama judicial y la competencia de elección de la cual es titular la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Esta orden se circunscribe, principalmente, a establecer un límite temporal al proceso iniciado desde hace más de dos años. Así, la Comisión Interinstitucional deberá presentar una nueva terna a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dentro de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia. La nueva terna puede ser integrada con quienes participaron en la primera convocatoria o incluso puede abrirse una nueva convocatoria para efectos de confeccionarla. En todo caso, las dos ternas previamente elaboradas y presentadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no resultan vinculantes para la Comisión Interinstitucional, sin embargo ésta podrá incluir a sus integrantes en aquella que elabore en virtud de la orden proferida en la presente providencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-339-11

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