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Última modificación: 2013-09-10
El nombramiento de la persona seleccionada por concurso de méritos debe estar precedido del análisis de la situación concreta del funcionario en provisionalidad cuando hay varias vacantes

La accionante llevaba más de 7 años en un juzgado municipal en un cargo en condición de provisionalidad. Mediante acto administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca convocó a un concurso de méritos para proveer los cargos de empleados de carrera de los Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos Judiciales de Bogotá y Cundinamarca, entre ellos el cargo de que ocupaba la actora. Mediante Resolución, la Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C., nombró en propiedad, como resultado del concurso de méritos, a quien encabezaba la lista de elegibles para dicho cargo en el Juzgado Municipal Grado Nominado del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. Como consecuencia de lo anterior, el 25 de abril de 2011 se emitió Resolución mediante la cual se desvinculó a la tutelante del cargo de Escribiente que ocupaba en provisionalidad.

La actora expresa que para su desvinculación no se consideró el hecho de haber radicado ante el ISS la solicitud del reconocimiento de su pensión de jubilación y dijo: ?Es de anotar que del grupo de personas de las cuales se hubiera podido disponer la desvinculación para la provisión de listas, ninguna tiene la condición de prepensionada, a que yo hecho referencia. En mi caso se observa que no necesariamente el nombramiento en propiedad del escribiente grado municipal, tenía que afectarme, ya que hay más de TREINTA (30) personas en el referido cargo en provisionalidad, y de todas ellas, la que se encuentra en mayor grado de vulnerabilidad, que soy yo, resulté ser la más agraviada, por no tener otros ingresos, ser madre cabeza de familia, mi edad y encontrarme en condición de prepensionada?.

El 4 de mayo de 2011 la accionante interpuso la presente acción de tutela en la cual solicita se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso. Aduce que su salario es su única fuente de ingresos y la desvinculación laboral afecta gravemente su situación económica, amenazando su mínimo vital y el de su madre, quien tiene 75 años edad y no recibe pensión alguna, así como el de su hijo que se encuentra cursando estudios de educación superior.

La Corte manifestó que, al dar cumplimiento a sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios, los servidores públicos siempre deben tener presentes los principios, valores, finalidades estatales y derechos humanos consagrados en la Carta Política, procurando adoptar decisiones y cumplir sus funciones de manera tal que se maximice en cada situación concreta el imperio y la vigencia de la Constitución, y se minimicen los impactos negativos sobre los derechos fundamentales. En este preciso sentido, en la sentencia T-715/99 la Corte explicó que en el cumplimiento de sus funciones, los servidores públicos deben siempre tener presentes las finalidades constitucionales de promover la vigencia de un orden justo, la primacía de los derechos fundamentales de la persona y el servicio a la comunidad, sin obrar en forma mecánica sino de manera razonable, ponderada, creativa y proactiva.

La Corte encontró demostrado en el expediente que la accionante era una mujer de cincuenta y seis años de edad, que al momento de ser desvinculada de su cargo adelantaba el trámite de reconocimiento de su pensión de jubilación, tenía a su cargo a su madre anciana y un hijo de 20 años, con una única fuente de ingresos: su empleo público en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio. A todas luces, las circunstancias particulares de la actora le hacían digna de una protección reforzada. Estas circunstancias eran conocidas por la Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y debieron tenerse en cuenta para efectos de adoptar su decisión sobre la vacante específica que sería llenada con una de las personas que hacían parte de la lista de elegibles resultante para el cargo de Escribiente.

No cabe duda de que la persona que ganó el concurso de méritos y encabezaba la lista de elegibles para proveer dicho cargo, debía ser designada para ocupar una de las vacantes correspondientes al cargo de Escribiente. Sin embargo, al momento de optar por desvincular a la accionante de su cargo, la Jueza Coordinadora tenía no menos de 96 opciones adicionales de vacantes del mismo empleo ocupado por la accionante entre las cuales elegir para nombrar en propiedad de la lista de elegibles. Más aún, entre estas 96 vacantes, 16 se presentaban en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio del lugar donde trabajaba la tutelante. Bajo estas circunstancias, haber optado por desvincular a la actora constituyó por lo menos un acto desproporcionado.

Si bien la medida de proveer los cargos de Escribiente de Juzgado Municipal Grado Nominado en propiedad equivale al cumplimiento de un deber constitucional, legal y reglamentario, y resulta idónea para garantizar la eficacia del mandato democrático de asegurar el ingreso a la carrera solo en razón del mérito, es claro que para la adopción de esta medida no resultaba necesaria la desvinculación del servicio de la tutelante, teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la convocatoria se abrió, entre otras, para la provisión de 164 vacantes existentes en los diferentes Distritos Judiciales, en el cargo de Escribiente y que al momento de la desvinculación de la actora, aún quedaban 96 cargos por proveer.

Por lo tanto, en virtud de principios como los de razonabilidad y proporcionalidad de los que no puede prescindirse en un Estado de Derecho, y en atención al carácter de fundamental del derecho al trabajo, no debió la entidad decidir cuáles empleados retirar del servicio, sin haber analizado la situación particular de cada uno, procurando proteger a personas que teniendo en trámite su pensión, podían aspirar a que mientras se proveyeran todos los cargos, se reconociera la misma, para asegurarse una vida en condiciones mínimas de dignidad.

En consecuencia, la Corte ordenó el reintegro de la accionante a un cargo de Escribiente de Juzgado Municipal Grado Nominado o similar que se encontrara vacante en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, o en su defecto en los Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos Judiciales hasta que ocurriera uno de los siguientes eventos: (i) que todos los cargos de Escribiente de Juzgado Municipal Grado Nominado que fueron objeto de concurso de méritos que se encontraran en provisionalidad fueran provistos en propiedad o (ii) que la peticionaria fuera incluida en nómina de pensionados del Instituto de Seguros Sociales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-017-12

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