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Última modificación: 2013-09-10
Las condiciones para acceder a la indemnización con posterioridad a la sentencia en las acciones de grupo son necesarias y razonables

En este proceso de constitucionalidad se demandan apartes contenidos en los artículos 55 y 65 de la Ley 472 de 1998, que regulan temas de la acción de grupo relacionados con la integración al grupo y el contenido de la sentencia. Del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 se demanda la expresión "dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior", expresión que regula el término para acogerse a la sentencia por parte de quien no ha hecho parte del grupo demandante. Del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 se demandan los apartes (i) "las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente", "las solicitudes presentadas oportunamente" y "a las solicitudes presentadas", contenidas en el literal b) del numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, las cuales se refieren a las solicitudes de indemnizaciones; y (ii) la expresión "para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación" contenida en el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, relativa igualmente al término para la reclamación de la indemnización.

Los accionantes consideran que las expresiones demandadas son violatorias del Preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 13, 29, 58, 88, 228, 229 de la Constitución Política, por contradecir el diseño constitucional de las acciones de grupo ?art.88 CP-, la realización de los fines esenciales del Estado Social de Derecho ?art. 2º CP-, el principio de solidaridad ?art. 1º CP-, la igualdad ?art.13 CP-, la prevalencia del derecho sustancial ?art.228 CP-, la efectividad de los derechos ?art.2 CP-, el debido proceso ?art.29 CP-, el acceso a la administración de justicia ?art.229 CP-, a la propiedad y los derechos adquiridos ?art.58 CP-, y los valores fundantes de un orden político, económico y social justo ?art.229 CP-.

La Corte reiteró las reglas jurisprudenciales que ha establecido la Corporación en relación con la amplia libertad de configuración del Legislador en materia de regulación de las acciones de grupo, especialmente en materia procedimental, y los límites de dicha potestad legislativa, en cuanto a que: (i) si bien la facultad configurativa del Legislador es amplia, no es absoluta y se encuentra reglada y limitada por los valores, principios y derechos constitucionales, así como por la naturaleza y finalidades propias de la acción del grupo fijadas por el Constituyente en el artículo 88 Superior; y (ii) por tanto el Legislador no puede restringir indebidamente la naturaleza, finalidades, alcance indemnizatorio o aplicación de la acción de grupo a través de procedimientos que hagan nugatoria la posibilidad de su aplicación efectiva e indemnización plena del daño causado.

Teniendo en cuenta estas reglas jurisprudenciales, la Corte concluyó que:
(i) Las expresiones demandadas de los artículos 55 y 65-2-4 de la Ley 472 de 1995 ahora demandadas, se encaminan en forma armónica con la Constitución Política en sus artículos 88 y 229 Superiores, a regular la posibilidad que tienen las personas que han resultado perjudicadas con un daño colectivo, de acceder a los beneficios de la sentencia dictada en el curso del proceso promovido mediante acción de grupo, fijando los términos y requisitos para tal efecto, sin que ello implique la afectación de la naturaleza y finalidades propias de las acciones de grupo ?art.88 CP-, ni afecte el acceso a la administración de justicia ?art.229 Superior-, sino que muy por el contrario, estas regulaciones garantizan dichos preceptos constitucionales.

(ii) Así mismo, la Corte dedujo que en el ámbito de regulación de las acciones de grupo, y especialmente en el ámbito procedimental, existe una amplia libertad de configuración por parte del Legislador, y que las expresiones demandadas "dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior" contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998; las expresiones "las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente", "las solicitudes presentadas oportunamente" y "a las solicitudes presentadas", contenidas en el literal b) del numeral 3º del artículo 65 de la ley 472 de 1998; así como la expresión "para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación", contenida en el numeral 4 del mismo artículo 65 de la Ley 742 de 1998; son disposiciones que regulan de manera válida, razonable y proporcional requisitos y términos procesales para hacer efectiva una de las modalidades previstas para la integración del grupo con posterioridad a la sentencia.

En este sentido, la Corte encontró que estas regulaciones hacían referencia a temas procesales respecto de los cuales, en primer lugar, le asistía al Legislador una amplia libertad de configuración, especialmente para la fijación de los términos, y en segundo lugar, respecto de los mismos, no advirtió la Corte que existiera una restricción de la efectividad y garantía de la acción de grupo ?art.88 CP-, ni una afectación del acceso a la administración de justicia ?art.229 CP-, sino que, por el contrario, eran regulaciones no solo necesarias, sino que garantizaban el goce efectivo y pleno de las acciones de grupo, al establecer requisitos y términos razonables y proporcionados encaminados a hacer posibles, efectivas y otorgar seguridad jurídica al ejercicio de las acciones de grupo.

(iii) Consideró la Corte igualmente que el Legislador, con las expresiones que regulan requisitos y términos para la efectividad del trámite procesal de las acciones de grupo, no excedió su competencia como Legislador, ni irrespetó valor, principio o derecho constitucional alguno, ni contradijo la naturaleza o finalidades de la acción de grupo ?art.88 CP-, ni afectó el acceso a la administración de justicia ?art.229 CP-, sino que, en forma contraria a lo expresado en la demanda, reguló de manera razonable y proporcionada, respecto de requisitos y términos necesarios para hacer efectiva las acciones de grupo por parte de aquellas personas que no habiendo participado en el proceso, podían acogerse a la sentencia estimatoria, fijando para ello requisitos y términos adecuados e idóneos al logro de dicha finalidad.

(iv) De esta manera, encontró la Corte que los requisitos y términos impuestos por el Legislador para acogerse a la sentencia, eran necesarios, ya que resultaba preciso fijar un término para acogerse posteriormente al grupo una vez publicada la sentencia y de igual forma era necesario que el juez exigiera algunos requisitos mínimos, como información que indicara el nombre, daño sufrido, origen del mismo, el deseo de acogerse al proceso y de pertenecer al grupo que entabló la demanda, los cuales constituían exigencias básicas que desarrollaban elementos propios del derecho procesal y no constituían una arbitrariedad por parte del Legislador. Así mismo, para la Corte estas exigencias posibilitaban generar una certeza jurídica para las partes en el proceso de la acción de grupo, tal y como lo ha expresado la jurisprudencia constitucional.

(v) A juicio de la Corte, las exigencias legales que se demandaban en esta oportunidad, superaban el test de proporcionalidad, al cumplir con una finalidad constitucional, asociada a la garantía de las acciones de grupo, al ser regulaciones idóneas, adecuadas y necesarias para cumplir con dicha finalidad constitucional, y al ser proporcionales en sentido estricto, al no afectar de manera desproporcionada otros derechos fundamentales, y ajustarse por tanto a los principios y a la efectividad de la acción de grupo en beneficio de los perjudicados que no hicieron parte del proceso, de conformidad con el artículo 88 CP, y garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia ?art.229 CP-.

(vi) En síntesis, la Corte concluyó que las expresiones demandadas, al establecer requisitos y fijar términos procesales mínimos y necesarios con el fin de regular la oportunidad y condiciones para que quienes no participaron en el proceso pudieran conformar el grupo de beneficiarios y reclamar la indemnización, resultaban no solamente ajustados a la Constitución, en cuanto no vulneraban ninguno de sus valores, principios o derechos, ni la naturaleza o finalidades constitucionales de la acción de grupo ?art.88 CP-, ni vulneraban el acceso a la administración de justicia ?art.229 CP-, sino que por el contrario, eran un desarrollo de la propia Carta Política, así como de la naturaleza y finalidades de la acción de grupo, al fijar requisitos y términos mínimos, razonables y proporcionados que regulaban la posibilidad para que las personas que no hicieron parte dentro del proceso pudieran acogerse a los beneficios de la sentencia con posterioridad a la misma y reclamar la indemnización contenida en el fallo. Tales requisitos y términos hacen relación a la presentación de solicitudes oportunas, al término para integrar el grupo con posterioridad a la sentencia, y al término para reclamar la indemnización. Estimó la Corte que, en forma contraria a lo que consideraba el actor, la no regulación respecto de estos requisitos o términos por parte del Legislador, sí hubiera constituido una vulneración de la naturaleza y finalidades de las acciones de grupo, y del derecho de acceso a la administración de justicia, consagrados en la Constitución Política, en sus artículos 88 y 229 Superiores.

En conclusión, para la Corte los apartes demandados de los artículos 55 y 65 (parciales) de la Ley 472 de 1998 se ajustaban a la Constitución Política en sus artículos 88 y 229 Superiores, razón por los declaró exequibles. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-242-12

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