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Última modificación: 2013-09-10
Las facultades discrecionales en cabeza del nominador no pueden desconocer los elementos esenciales del régimen general de carrera

El accionante se inscribió a la convocatoria pública para hacer parte del curso número 30 de Oficiales del Cuerpo Administrativo de la FAC, en el mes de marzo de 2011, en la cual se incluyó un cupo para una persona con título en Administración de Empresas y especialización en Derecho Disciplinario. Además de haber cumplido con los requisitos profesionales y académicos para aplicar, el accionante aprobó todas las pruebas establecidas por la demandada dentro del proceso concursal, razón por la cual pudo llegar a la fase final de la Junta de Selección. Una vez ocurrida ésta, en el mes de junio de 2011 le fue informado mediante una llamada telefónica que la Junta había decidido discrecionalmente no elegirlo para la plaza a la cual aspiraba, sin brindar mayor argumentación.

Debido a lo anterior, interpuso acción de tutela contra la FAC por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso administrativo, a la buena fe y al acceso a la carrera especial de las FFMM. Considera que no existen razones válidas para no haber sido elegido, por cuanto cumplió con todos los requisitos establecidos, además de no haber sido seleccionado ningún otro participante. Pretende que se ordene a la FAC incorporarlo al respectivo curso de orientación militar, para luego ser escalafonado al interior de la fuerza.

A juicio de la Corte, la decisión final en un proceso de selección de personal para el Cuerpo Administrativo de las FFMM, es un acto administrativo al que por regla general le aplica la primera parte del CCA y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buena fe, eficiencia, participación, responsabilidad y transparencia propios de la función administrativa. De igual forma, esta actuación se enmarca dentro del régimen especial de carrera de las FFMM, por lo que se debe dar cumplimiento a los elementos esenciales de la carrera administrativa como son: i) la eficacia y eficiencia en la función pública, la estabilidad laboral y la igualdad en el acceso a los cargos; ii) el mérito como criterio fundamental de elegibilidad; y iii) el concurso como proceso de selección para determinar a quien mejor cumple las exigencias legales. También hizo alusión a las facultades discrecionales de la administración que en todo caso están supeditadas a su expresa consagración constitucional o legal y deberán ejercerse bajo los límites impuestos por el artículo 36 del CCA.

En relación con las normas legales que conciernen al régimen especial de carrera de las FFMM, esto es, el Decreto Ley 1790 de 2000 y la Ley 1104 de 2006, la Corte concluyó que en ninguno de ellos se consagró el otorgamiento de facultades discrecionales en cabeza de las Juntas de Selección, por lo que era claro que el acto administrativo mediante el cual se seleccionó a quien ingresaría al respectivo curso de orientación militar le eran aplicables las disposiciones de la parte primera del CCA, los principios rectores de la función administrativa y los elementos esenciales de todo régimen de carrera.

La Corte encontró que la razón por la que la referida Junta de Selección llegó a la determinación fue "por necesidades de la fuerza". Para la Corporación, este tipo de aseveraciones abstractas no cumplían con la finalidad de garantizar los presupuestos constitucionales que sustentan el deber de motivar debidamente los actos administrativos, como son la cláusula de Estado de derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración y los derechos de contradicción y de defensa. De esta forma, si esa era la causa por la que el accionante no había sido seleccionado, la FAC debió haber expresado de manera clara y concreta, aunque fuera mínimamente, la manera en que aquella decisión contribuía en el mejoramiento de la fuerza.

Siendo la decisión de la Junta de Selección una actuación de esta naturaleza, resultaba claro igualmente que la entidad debió haber garantizado que el interesado tuviera acceso a un documento físico que le permitiera ejercer su derecho de defensa, notificándolo en debida forma del contenido de la medida. Sin embargo, al accionante le fue comunicada la decisión de no ser seleccionado mediante una simple llamada telefónica. Esto conllevó a que la entidad no solo se apartara de los criterios expuestos acerca del ejercicio de la facultad discrecional, sino que además no adoptó ningún mecanismo que resultara idóneo para que el accionante pudiera ejercer su derecho de defensa. La FAC con su obrar impidió al actor que tuviera la oportunidad de controvertir la decisión, poniéndolo en un estado de indefensión derivado de no tener argumentos qué desvirtuar, ni documento escrito que le permitiera eficazmente acudir ante las autoridades judiciales. Conforme a lo expuesto, se podía colegir que con estas actuaciones la Junta de Selección desconoció el derecho fundamental al debido proceso del accionante.

En virtud de todo lo anterior en el caso particular, la Corte dedujo lo siguiente:

i)La entidad obró por fuera de las competencias que le fueron otorgadas por la Constitución y la ley al haber adoptado la decisión de no seleccionar al aspirante mediante el uso de facultades discrecionales que no están contempladas por el ordenamiento legal, las cuales de cualquier manera no pueden desconocer los elementos esenciales del régimen general de carrera. Con ello la FAC vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la buena fe, ya que por un lado la decisión en sí misma es contraria al orden constitucional y, por el otro, no se le dio la oportunidad al accionante de controvertirla.

ii)La FAC violó el principio de confianza legítima al haber desconocido el mérito como criterio esencial de elegibilidad y haber decidido discrecionalmente no ocupar la plaza de Administrador de Empresas con especialización en Derecho Disciplinario. Esta afectación deriva en una violación a sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a los empleos públicos.

La Corte ordenó a la Fuerza Aérea Colombiana que incorporara al accionante al siguiente curso de orientación militar para Oficiales del Cuerpo Administrativo de la entidad, de tal forma que pudiera ingresar como Administrador de Empresas con especialización en Derecho Disciplinario, en las mismas condiciones en las que lo hubiera hecho de haber sido elegido inicialmente. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-267-12

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