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Última modificación: 2013-09-12
La sala administrativa del consejo superior de la judicatura no tiene la facultad legal para definir los cargos que se consideren como de libre nombramiento y remoción dentro de la rama judicial

Mediante el Acuerdo 345 de 1998, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó concurso de méritos destinado a la conformación del registro de elegibles para el cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Culminadas las etapas del concurso, la Sala Administrativa del Consejo profirió la Resolución Nº PSAR07 ? 345, por medio de la cual conformó el registro de elegibles para proveer dichos cargos.

Dada la actualización del registro de elegibles el 21 de julio de 2008 y debido a que ocuparon el primer lugar en la lista de elegibles para el cargo de Director de Unidad de Asistencia Legal, Director de Unidad de Informática y Director de Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 10 de diciembre de 2010 los accionantes solicitaron a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, su nombramiento y posesión en los cargos referidos.

Sin embargo, la Dirección de la Administración de Carrera Judicial negó su petición, bajo el argumento que el día 4 de octubre de 2007 el Consejo de Estado declaró la nulidaddel numeral 3 del artículo 2 del Acuerdo 345 de 1998 y ordenó la suspensión provisional de esa disposición. Dicha Corporación declaró la nulidad parcial de la disposición demandada, afirmando, en primer lugar, que los cargos de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, convocados a concurso, son de libre nombramiento y remoción y, en consecuencia, no pueden ser sometidos a concurso.Al analizar en conjunto las normas aplicables, el Consejo de Estado concluyó que los cargos de Director de Unidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial son de libre nombramiento y remoción pues son equivalentes al cargo de Magistrado Auxiliar y, en esa medida, no pueden ser sometidos a concurso público de méritos, tal y como se hizo mediante el Acuerdo 345 de 1998.

Esto por cuanto, aunque el Acuerdo 345 de 1998 convocó a concurso de méritos para proveer el cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante el Acuerdo 346 de 1998 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó concurso de méritos para la conformación del registro de elegibles de los cargos de carrera pertenecientes a esa Sala, sin incluir el cargo de Director de Unidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, "que es idéntico" a los cargos incluidos en la convocatoria del Acuerdo 345 de 1998.

La Corte comenzó por señalar que en relación con el campo de aplicación del Capítulo II del Título VI de la Ley 270 de 1996 sobre la carrera judicial, su artículo 158 dispone:

"Son de Carrera los cargos de Magistrados de los Tribunales y de las Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción".

De la disposición transcrita se derivan tres reglas de vital importancia para resolver el presente caso:

(i)por regla general, los cargos en la carrera judicial deben proveerse por concurso público de méritos;

(ii)son de carrera los cargos que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción; y

(iii)los cargos de libre nombramiento y remoción deben ser definidos así por el legislador de manera manifiesta.

Así, en relación con el sistema especial de carrera administrativa de la rama judicial, la definición de los cargos que son de libre nombramiento y remoción corresponde exclusivamente al legislador, lo que quiere decir que en este ámbito impera el principio de reserva de ley, es decir, (i) que solo mediante la ley se puede hacer dicha definición y (ii) que el reglamento no puede ser fuente autónoma para determinar la naturaleza de los cargos en la rama judicial. En consecuencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad para reglamentar y administrar la carrera judicial, facultad que en criterio de la Corte Constitucional significa que tiene competencia "para reglamentar algunos aspectos de dicho sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución"(sentencia C-037 de 1996).

Por ello, la Corte estimó que en su sentencia del 26 de noviembre de 2009, la Sección Segunda del Consejo de Estado hizo una interpretación inconstitucional de los artículos 85 y 130 de la Ley 270 de 1996 al considerar que en atención a esos artículos, mediante el Acuerdo 273 de 1998 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció que el cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial era de libre nombramiento y remoción. De hecho, mediante el Acuerdo 273 de 1998 la Sala Administrativa no desbordó su competencia en este sentido, pues la equivalencia ?para todos los efectos? de los cargos de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Magistrado Auxiliar, fue establecida únicamente en términos salariales y prestacionales. En este sentido, resultaba evidente que había sido la Sección Segunda del Consejo de Estado, y no la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Corporación que había hecho una interpretación inconstitucional de las funciones de dicha Sala.

Con fundamento en lo expuesto, la Corte concluyó que la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2009 por la Sección Segunda del Consejo de Estado sí vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo de los accionantes, al declarar la nulidad parcial del numeral 3, artículo 2 del Acuerdo 345 proferido el 3 de septiembre de 1998 por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Esa vulneración se derivó de la configuración de un defecto sustantivo por interpretación contraria a la Constitución.

Esto por cuanto la definición de libre nombramiento y remoción del cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estaba sujeta al principio de reserva de ley, en virtud del artículo 130 de la Ley 270 de 1996. Por ello, dado que el legislador no lo había dispuesto expresamente así, dicho cargo era de carrera y, en consecuencia, debía ser sometido a concurso público de méritos, en tanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no tenía potestad para llenar de contenido el concepto de ?equivalentes? dispuesto en el citado artículo.

También porque si bien el Consejo de Estado consideró que la equivalencia de que trata el artículo 2 del Acuerdo 273 de 1998 se refiere a la naturaleza del cargo de Director de Unidad, de la lectura sistemática de los artículos 125, 150-23, 256-1 y 257-3 de la Carta, 130 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-037 de 1996, se concluía que dicha equivalencia era estrictamente salarial y prestacional y que el cargo de director administrativo era de carrera.

Finalmente, porque omitió considerar que el cumplimiento de las funciones de ese cargo no requería un alto grado de confianza y, en esa media, el mismo era compatible con el régimen de carrera judicial.

En ese sentido, la Corte resolvió denegar las pretensiones de la demanda de nulidad simple interpuesta por un ciudadano contra el numeral 3 del artículo 2 del Acuerdo 345 proferido el 3 de septiembre de 1998 por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-539-12

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