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Última modificación: 2006-08-01
Introducción

La Constitución colombiana consagra en el capítulo 3 del Título II los derechos colectivos, entre los cuales menciona expresamente el derecho a un medio ambiente sano, los derechos de los consumidores y los usuarios, y el espacio público entre otros. Con el objeto de garantizar su efectividad, establece como mecanismo de protección las acciones populares y confiere un mandato al legislador para reglamentar su ejercicio (artículo 88 Constitución Política). El Congreso de la República, en desarrollo de la normatividad constitucional, expidió la Ley 472 de 1998, en la cual definió una amplia lista de derechos colectivos, que sumó a los reconocidos constitucionalmente y reguló el procedimiento para ejercer las acciones populares como medio para exigir su protección.

Esta ley, establece en su artículo 4 que son derechos colectivos: el goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la moralidad administrativa; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la libre competencia económica; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; la prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; los derechos de los consumidores y usuarios. Por último se establece que de igual forma son derechos colectivos los establecidos en tratados internacionales celebrados por Colombia.

El presente documento tiene por objeto presentar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la protección de los derechos colectivos. Inicialmente se hace referencia a las subreglas de la Corte sobre las acciones populares como mecanismo de protección propio de estos derechos y sobre la improcedencia de la tutela como regla general. Luego se plantea la regla excepcional de procedencia de la tutela cuando existe una relación de conexidad entre el derecho colectivo invocado con la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, se estudian algunos de los derechos colectivos sobre los cuales existe jurisprudencia constitucional, como son el derecho a un medio ambiente sano, la protección de los recursos naturales, el derecho al espacio público, al patrimonio cultural, a la seguridad pública, la salubridad pública, el acceso a servicios públicos y los derechos de los consumidores y usuarios.


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