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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad de la caducidad de la acción popular

Un ciudadano demandó la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 472 de 1998 por la cual se regulan las acciones populares y de grupo. Para el actor, la norma mencionada, al establecer términos de caducidad para incoar las acciones populares viola el derecho de acceso a la administración de justicia, al impedir que la vulneración continua de derechos colectivos se discutan judicialmente luego de transcurrido un determinado tiempo. De acuerdo con la Corte, de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, la ley consagra la regla general según la cual, la acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo, sin límite de tiempo alguno.

Pero la excepción que en la misma disposición se prevé cuando la acción se dirige a ? volver las cosas a su estado anterior?, en cuanto establece un plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración, desconoce los mencionados derechos, ya que la acción popular no trata la protección de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneración pone en peligro o ataca bienes valiosos para la sociedad, de tal forma que mientras subsista la vulneración y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior, cualquiera de los miembros del grupo debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, y la conducta de los responsables debe ser sancionada. Por lo anterior, se declara la inconstitucionalidad del término de caducidad previsto en la norma demandada para la interposición de las acciones populares. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-215-99

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