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Última modificación: 2006-08-01
Incentivo económico que se otorga al demandante de una acción popular es un estímulo y una compensación a la carga que asume

Se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998. Estas normas reconocen a los demandantes en acciones populares el derecho a recibir un incentivo económico, cuyo porcentaje varía cuando la acción popular se genera en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Para el demandante, el reconocimiento de este incentivo va en contravía de los postulados de la Constitución, según los cuales el principio de solidaridad se desarrolla como aquel deber de conducta desinteresado, en el cual el ciudadano actúa en la búsqueda del beneficio general y no de sus propios intereses. Además, viola el derecho a la igualdad, en virtud de la incongruencia que existe entre los dos artículos, ya que el artículo 39 fija un incentivo entre 1 y 150 salarios mínimos mientras que el artículo 40 establece que tendrán derecho a recibir el 15% del valor que recupere la entidad pública en razón de esta acción.

La Corte considera que las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Afirma, la Corte que, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, se prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente. De suerte tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus derechos e intereses colectivos. Para la Corte, el incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir éste, la carga sería desproporcionada para quien inicia la acción.

En lo que respecta al incentivo para el caso de las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, encuentra la Corte que la distinción que se hace por el legislador es razonable ya que por esa vía se refuerza la protección al bien jurídico de la moralidad pública y el recto manejo de la administración publica y en consecuencia la diferenciación se encuentra constitucionalmente justificada.

La Corte encuentra ajustados a la Constitución los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 y en consecuencia los declara exequibles. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-459-04

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