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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia general de la tutela para la protección de los derechos colectivos

El alcalde de un municipio decidió autorizar la conexión de una urbanización en construcción al sistema de acueducto de la localidad, a pesar de existir un concepto técnico del Fondo de Acueducto y Alcantarillado en el que se estimaba inconveniente esta conexión, pues los recursos de agua disponibles serían insuficientes para abastecer a toda la población. Un habitante demandó, por medio de acción de tutela, al alcalde del municipio al considerar violado el derecho al acceso al agua potable de la comunidad, por el acto de esta autoridad. La Corte Constitucional al estudiar el caso estimó que la acción de tutela no era procedente pues las personas del municipio, y en especial el demandante, no ha habían sufrido un directo menoscabo de sus derechos fundamentales, toda vez que el servicio de agua potable no había sido suspendido.

Para la Corte la acción de tutela no permite el amparo de una expectativa contingente, ni mucho menos, de una situación que, con la adopción de ciertas medias ordinarias, evita que se ocasione un perjuicio irremediable. Por el contrario, en este caso es procedente la acción popular, que se encuentra consagrada en la Constitución y en la ley para la protección de los derechos e intereses colectivos, dentro de los cuales cabe destacar el patrimonio, el espacio, el ambiente, la moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad pública, la lista a que hace referencia el artículo 88 no reviste el carácter de taxativa sino, por el contrario, es meramente enunciativa, correspondiéndole al legislador asumir la tarea de definir otros derechos e intereses colectivos que podrán ser protegidos mediante la utilización de esta valiosa herramienta jurídica. nota 1

En otro caso de revisión, el actor sostuvo que existe un proceso progresivo de contaminación de un río, con ocasión de los desechos líquidos que unas fábricas vierten sobre el cuerpo de agua dulce hasta el punto que lo que antes era fuente de vida y trabajo, se ha convertido en un peligro para la salud, porque de él se abastecen los acueductos de los pueblos riberanos, además de privar de una fuente de ingresos para muchas personas que vivían de la pesca. Ante estos hechos, la Corte expresó que no procede la tutela si se promueve para la defensa de derechos colectivos, porque éstos tienen sus propios mecanismos de amparo; o cuando se está frente a situaciones consumadas o definidas en sentencia con fuerza de cosa juzgada, porque en tales eventos ya no hay un derecho que tutelar porque lo procesalmente adecuado es adelantar la acción de restablecimiento para lograr la reparación respectiva, o porque la decisión definitiva es jurídicamente inalterable.

El mejor sistema conocido para identificar el carácter colectivo de un derecho consiste justamente en reconocer sus beneficiarios; con ello se logra, a su vez, establecer la naturaleza jurídica de la acción que lo protege. En el caso en concreto, la Corte sostuvo que los actores podían haber recurrido la acción popular para hacer valer sus pretensiones, porque el ejercicio de estos derechos no es de recibo a través de la tutela, y en el caso no aparece de manera clara la necesidad de impedir un perjuicio irremediable, que es el fundamento de la excepción prevista por la ley para que se autorice el ejercicio de la tutela en una situación que comprometa intereses o derechos colectivos (D. 2591/91, art. 6-3). nota 2

En otro caso, según el actor, una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes violó el artículo 79 de la Constitución que establece los "Derechos Colectivos y del Ambiente", pues la utilización del Glifosato amenaza el ambiente sano, y pone en peligro sitios de gran valor ecológico y destruye el ecosistema y viola los derechos de participación y a gozar de un hábitat adecuado. De acuerdo con la Corte, la Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el "Derecho al goce de un ambiente sano" no como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido la Acción de Tutela, no es procedente para obtener de manera autónoma su protección pues, aquella procede para obtener el amparo de los derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su regulación legal.

Sin embargo, la misma Corte ha dicho que, el derecho al medio ambiente sano se encuentra protegido en el artículo 88 de la Constitución por medio de las acciones populares, que tienen procedencia en aquellos casos en los cuales la afectación de tal derecho vulnera un derecho constitucional o legal. Esta regla general debe ser complementada con una regla particular de conexidad, según la cual, en aquellos casos en los cuales, de la vulneración del derecho a gozar del medio ambiente resulte vulnerado igualmente un derecho fundamental, procede la acción de tutela como mecanismo judicial de protección del derecho colectivo al medio ambiente.

Para determinar la conexidad entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho fundamental de aplicación inmediata se debe recurrir, inicialmente, al análisis del caso concreto. Es allí donde el juez observa las circunstancias específicas del caso para apreciar el grado de afectación del derecho fundamental y el juez deberá ordenar la tutela ejecutiva que se reclama. En el presente caso se niega la tutela pues no se invocó ni se demostró la vulneración de un derecho fundamental. nota 3

En otro caso de revisión posterior, el actor consideró violados sus derechos de locomoción, vida y salud, debido a las marchas campesinas por las que se inhabilitó transitoriamente parte de la carretera que conduce al lugar donde vive. La Corte expresó que el Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que, en principio, la acción de tutela no procederá cuando se pretenda proteger los derechos colectivos, advirtiendo, eso sí, que ello no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos de aquélla índole, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha entendido que, si además de los intereses estrictamente colectivos, están comprometidos o en peligro, o son vulnerados derechos fundamentales de personas en concreto, por las mismas causas, procede la tutela para hacerlos efectivos. Sin embargo en este caso, no es procedente la acción de tutela por que carece de fundamento el cargo de violación o amenaza de los derechos fundamentales a la vida y a la salud. nota 4



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-225-93
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-254-93
  3. Corte Constitucional, Sentencia SU-067-93, reiterada por T-769-01, T-767-01, T-213-95, T-325-94, T-500-94, T-163-93
  4. Corte Constitucional, Sentencia SU-257-97 Reiterada por T-863A-99

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