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Última modificación: 2011-03-24
Criterios para que proceda la tutela por vulneración de derechos colectivos en conexidad con derechos fundamentales

Los accionantes consideraron violados sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud, en conexidad con los derechos a la vida, y, en especial, los derechos de los menores habitantes de la zona, por la instalación indebida de tuberías para alcantarillado, en carretera cercana a su zona de residencia. La Corte se refirió a las pautas señaladas en la jurisprudencia constitucional, para determinar las reglas de ponderación que debe tener en cuenta el juez para conceder una acción de tutela cuando de la vulneración de derechos colectivos se derive la afectación de derechos de carácter fundamental.

Primer criterio: La trascendencia que pueda tener un derecho colectivo en el ámbito de los derechos fundamentales, no lo hace perder su naturaleza de colectivo y su protección, por tanto, ha de lograrse a través de la acción diseñada para el efecto, y ésta no es otra que la acción popular. Sin embargo, si de la vulneración de un derecho de esa naturaleza, se desprenden graves consecuencias para los derechos fundamentales, la acción de tutela como mecanismo de defensa para éstos, será la procedente.

Segundo criterio: Conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la vulneración del derecho fundamental. Conexidad que debe arrojar una vulneración directa y clara de un derecho fundamental determinado. El daño o amenaza del derecho fundamental, debe ser consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. Por tanto, ha de determinarse que la lesión o amenaza del derecho fundamental, es producto del desconocimiento de uno o varios derechos colectivos y no de otra causa.

Tercer criterio: La existencia de un daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela o de su núcleo familiar. Este es un problema de legitimidad, pues sólo aquel que ve afectado directamente su derecho, puede reclamar su protección.

Cuarto criterio: Debe probarse fehacientemente la vulneración del derecho fundamental que se dice desconocido o amenazado. Para el efecto, el juez está obligado a analizar cada caso en concreto, para determinar la correspondiente vulneración. No basta afirmar la vulneración o amenaza de un derecho fundamental; se requiere tanto la prueba de su desconocimiento como la titularidad del derecho fundamental, por parte de quien invoca la acción de tutela.

Quinto criterio: La orden del juez debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado más no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza. Estos criterios, parten de un mismo supuesto, la inexistencia de un medio judicial diverso de la acción de tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales amenazados, pues la existencia de mecanismos alternos de defensa que puedan ser utilizados y calificados como eficaces para la protección del derecho fundamental, hacen improcedente la acción de tutela.

En el caso en concreto se denegó la tutela por que, ?salvo la alusión hecha por los actores en el escrito de la tutela sobre la afectación de los derechos a la salud de dos menores, de quienes no se tienen mayores datos, no aparece prueba alguna sobre el perjuicio de los derechos fundamentales ni de éstos ni de quienes instauraron la acción de tutela o de integrantes de su núcleo familiar, lo que lleva a la Corte a concluir que, no es la tutela la acción procedente para obtener la solución al problema de alcantarillado que se presenta en la zona donde habitan las personas que incoaron la acción, quienes tampoco demostraron encontrarse ante un perjuicio de carácter irremediable que convierta en procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Si bien los actores aceptan que el municipio ha estado haciendo la limpieza de los registros para solucionar el problema que se viene presentando, mientras se puede adoptar una decisión definitiva, aquellos consideran que la única solución viable, en este caso, es el cambio de redes de alcantarillado. Si bien esto parece ser cierto, no corresponde al juez de tutela ordenar la ejecución de la obra que demandan los actores, pues ello escapa a su competencia, dado que no existe derecho fundamental que proteger. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1451-00, ver sentencias T-500-94, T-231-93, T-062-95, SU-1116-01, T-437-92, T-182-08

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