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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad del silencio administrativo positivo frente a la obtención de las licencias ambientales

Se demandó la inconstitucionalidad parcial de los parágrafos 6 y 7 del artículo 1º de la Ley 507 de 1999 por la cual se modificaba la Ley 388 de 1997, por considerar que la aplicación del silencio administrativo positivo como instrumento de enlace para lograr la formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) por parte de los Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas, impide al Estado -a través de sus autoridades ambientales- cumplir con su deber constitucional de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente.

La Corte sostiene que la defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la estructura del Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado ?Constitución ecológica?, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que propugnan por su conservación y protección.

Por esto se le impone al Estado las siguientes obligaciones: 1) proteger su diversidad e integridad; 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica; 4) fomentar la educación ambiental; 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y; 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.

En este orden de ideas la Corte consideró que los apartes demandados deben ser declarados inexequibles, por cuanto, resulta paradójico, que la ineficacia del Estado - la omisión en pronunciarse sobre la solicitud de una licencia ambiental - termine sancionada con mayor ineficacia, en este caso, relevando a las autoridades de su deber constitucional de prevenir y controlar el deterioro ambiental. La aplicación del silencio administrativo, en estas condiciones, es inexequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-431-00

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