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Última modificación: 2006-08-01
Licencias ambientales que otorgan las corporaciones autonomas regionales no son apelables ante el ministerio del medio ambiente

Se demandó la incostitucionalidad del inciso final del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, el cual establecía que, ?Los actos administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR- que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los términos y condiciones establecidos por el Código Contencioso Administrativo?. Indicaron las demandantes que el citado inciso desconoció la autonomía de éstas, toda vez que este recurso es conocido por el superior jerárquico y es claro que el Ministerio del Medio Ambiente no ejerce relación de jerarquía alguna respecto de las CAR, dado el carácter autónomo especial que el mismo constituyente les otorgó.

La Corte observó que para la protección del medio ambiente la Constitución asigna competencias concurrentes a la Nación, las CAR, las entidades territoriales y las autoridades indígenas, lo cual hace posible que a pesar de la omisión de una u otra autoridad, el Estado pueda garantizar la efectividad de la protección de las riquezas naturales, asegurando que la comunidad y las generaciones futuras puedan gozar de un ambiente sano. El criterio político en torno al cual el constituyente distribuyó las competencias del estado en materia ambiental, facilita la participación de las personas en las decisiones que afectan su entorno inmediato y a la vez garantiza que todos los habitantes gocen de un ambiente sano, mediante la concurrencia de los órganos territoriales y nacionales en su protección.

De acuerdo con la Corte en virtud de los principios de armonía regional y gradación normativa se garantiza que el otorgamiento de licencias obedezca a un criterio unitario y general, dictado por una entidad nacional y se protege el medio ambiente en lo territorial y en lo regional, frente a la insuficiencia de las regulaciones dictadas por las autoridades en ese ámbito, y en virtud del principio de rigor subsidiario las entidades regionales no pueden adoptar medidas menos rigurosas que las adoptadas por la entidad nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que (i)en virtud del principio de armonía regional las entidades regionales deben ejercer sus funciones constitucionales y legales en relación con la protección del ambiente de manera coordinada y armónica con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales; (ii) el principio de gradación normativa garantiza que las regulaciones medioambientales dictadas por las CAR y por las entidades territoriales respeten las regulaciones dictadas por el Ministerio de Ambiente; y (iii) el principio de rigor subsidiario establece que las regulaciones nacionales son un estándar mínimo con el que deben cumplir las autoridades ambientales regionales y territoriales.

Concluyó la Corte que tanto la protección del ambiente, como la aplicación uniforme de un estándar mínimo de protección nacional se encuentran garantizadas sin necesidad de limitar la autonomía de las CAR para decidir definitivamente sobre las licencias que estas entidades expiden, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad de la disposición demandada. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-894-03

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