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Última modificación: 2006-08-01
Protección de los recursos naturales no vulnera garantías constitucionales a la iniciativa privada

La actora consideró violado su derecho al trabajo, debido a la sanción que se le impuso por haber incumplido una norma ambiental que prohibía la pesca de determinado crustáceo por un determinado tiempo, cuando su sustento y el de su familia, deriva de la pesca. La Corte consideró que, bien pueden darse las restricciones, vedas y prohibiciones para las actividades de explotación, transporte, transformación, procesamiento, comercialización, distribución o consumo de determinados productos agrícolas o pesqueros durante cierto tiempo, sin que las necesarias limitaciones que de allí surgen para los particulares puedan entenderse violatorias de garantías constitucionales, en especial la de empresa y la iniciativa privada, pues ellas, como bases del desarrollo, tienen una función social que implica obligaciones.

Esta Corporación es consciente de que si bien la protección jurídica del derecho a gozar un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general. Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad. Por existir otros medios de defensa, se denegó la protección solicitada.? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-267-96

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