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Última modificación: 2006-08-01
Prohibición de efectuar cerramientos de construcciones que impliquen apropiación del espacio público

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001, por la cual se expedía el régimen de propiedad horizontal. La norma permitía a determinadas construcciones solicitar a la autoridad urbanística, licencia para convertirse en Unidad Inmobiliaria Cerrada, siempre que con ello no se afecte significativamente, el espacio público existente. La Corte se refiere a la consagración constitucional del derecho a gozar del espacio público, como derecho colectivo que exige al Estado velar por su protección y conservación impidiendo, entre otras cosas, (i.) la apropiación por parte de los particulares de un ámbito de acción que le pertenece a todos, (ii.) decisiones que restrinjan su destinación al uso común o excluyan a algunas personas del acceso a dicho espacio (iii.) la creación de privilegios a favor de los particulares en desmedro del interés general.

De acuerdo con la Corte, si bien el legislador debe sentar unos parámetros generales que orienten la actuación de la administración en materia de espacio público, no puede exigírsele regular en detalle una materia esencialmente variable según las circunstancias fácticas, cuya regulación concreta obedece a consideraciones de orden técnico y compete a autoridades administrativas, en principio, locales. Por eso, las disposiciones legales que desarrollan la manera como se articulan la protección del espacio público frente a los derechos de los particulares, deben trazar criterios inteligibles que constituyan una pauta clara de la acción administrativa al respecto, en lugar de acudir a expresiones tan vagas que no ofrezcan un parámetro que oriente a la administración y a los jueces que controlarán sus actos.

En estos eventos será preciso que el legislador señale, al menos, las finalidades que han de guiar a la administración y los criterios materiales que orientarán la regulación para alcanzarlas. La Corte declaró inexequible el inciso tercero del artículo 64 de la Ley 675/01, por cuanto el cerramiento del espacio público por parte de un grupo de propietarios privados para su beneficio particular representa, una afectación permanente y grave del espacio público. Dicho cerramiento se traduce en la práctica en la apropiación de una porción del espacio público por unos particulares y en la consecuente exclusión del resto de los habitantes del acceso a un espacio destinado por mandato constitucional al uso común. Condicionar la posibilidad del cerramiento a una autorización administrativa, sin señalar criterios que impidan dicha apropiación y exclusión, resulta insuficiente para proteger los bienes constitucionalmente garantizados. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-265-02

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