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Última modificación: 2006-08-01
Deber de recuperación del espacio público frente a vehiculos estacionados en lugares prohibidos

Se demandó el numeral 186 del Decreto 1809 de 1990, que modificó el artículo 231 del Código Nacional de Tránsito, pues a juicio del actor, quienes recogen los carros que ocupan indebidamente el espacio público, lo hacen sin contar con la respectiva orden judicial, toda vez que se trata de empleados administrativos que carecen de la competencia legal para adelantar dicha labor. Censura que sea un inspector de tránsito quien resuelve la situación jurídica del vehículo retenido cuando es llevado a los patios, por carecer de autorización para ello, dado el carácter administrativo de su investidura. De acuerdo con la Corte, la medida contemplada en la norma tiende a proteger el espacio público y su destinación al uso común, garantizar la libertad de locomoción (artículo 24 Constitución Política), así como la vida y la integridad de las personas que transitan por las vías públicas o las zonas de uso común.

El retiro por parte de las autoridades de tránsito de los vehículos que se encuentran estacionados en zonas prohibidas, o abandonados en la vía pública, no es una medida que tenga que ser adoptada por los jueces de la República, toda vez que se trata de un acto de carácter preventivo respecto de una situación que requiere una acción inmediata por parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de todos y por el normal desenvolvimiento de las actividades en el área de su jurisdicción. La medida no puede asimilarse a la figura de la extinción de dominio ni al decomiso definitivo de bienes, pues únicamente se trata de la aprehensión de un vehículo de manera temporal y con el único objetivo de permitir la libre circulación de personas.

Se trata de una decisión de aplicación inmediata que comporta una medida de carácter policivo preventiva y correctiva respecto del uso indebido de la propiedad, con el fin de permitir la circulación de personas y cosas. El artículo demandado no faculta a las autoridades de tránsito para definir la situación jurídica del bien retenido, sólo se refiere al deber de retirar los vehículos y a su conducción a los patios oficiales o estacionamientos autorizados. La medida es razonable, pues resulta idónea para proteger los valores y derechos constitucionales que pueden resultar afectados por el indebido uso del espacio público y por el abuso de la propiedad privada. Por lo anterior se declaró exequible la norma demandada. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1408-00

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