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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia general de la tutela para proteger el derecho al espacio público

El actor, dueño de un predio frente al mar, consideró violados sus derechos al uso del espacio público y a la igualdad, debido a que el municipio permite que algunas personas establezcan negocios en las playas. La Corte consideró que no es cierto que su utilización del espacio público constituya un derecho constitucional fundamental, pues su ubicación dentro del cuerpo de la Carta Política, la relación que guarda con el interés general y el hecho de no ajustarse a ninguno de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional para tenerlo por fundamental, claramente sugieren la idea de que se trata de un derecho constitucional colectivo, que se desprende de la obligación del Estado colombiano de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común.

La forma en que se utilice el espacio público, en cambio, puede incidir en la violación de un derecho constitucional fundamental, de manera tal que afecte su núcleo esencial, evento en el cual esa facultad puede protegerse mediante la acción de tutela, no tanto para rescatar la utilización del espacio público en sí, sino para defender aquellos derechos fundamentales amenazados o efectivamente vulnerados. En principio, el uso del espacio público, en tanto derecho constitucional de carácter colectivo, solamente puede protegerse por vía de acciones populares y no en ejercicio de la acción de tutela ya que ésta fue establecida por el Constituyente como medio excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas. Por lo anterior se rechazó la acción por improcedente. nota 1

En otro caso, el actor consideró violado su derecho al espacio público por la negligencia de la administración municipal, que ha permitido que una entidad privada, use el espacio público como propio, haciendo referencia al cercamiento por parte de entidad privada de una bahía pública, hecho ilegal que dado el tráfico de la ciudad trae consecuencias graves para la comunidad.

La Corte expresó que, si bien es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la forma en que se utilice el espacio público, puede incidir en la violación de un derecho constitucional fundamental, de manera tal que afecte su núcleo esencial, evento en el cual la acción de tutela se hace procedente, no tanto para rescatar la utilización del espacio público en sí, sino para defender aquellos derechos constitucionales fundamentales amenazados o efectivamente vulnerados, también lo es que el juez de tutela debe ser precavido de no entrar a definir situaciones que, por su carácter, escapan de la competencia asignada a él por la Constitución, conducta que no sólo puede resultar desconocedora de las funciones asignadas a otros funcionarios, sino de derechos fundamentales de los sujetos en conflicto, incluso de terceros, como lo serían, por ejemplo, el derecho al debido proceso y el derecho de contradicción. Por lo anterior se negó la tutela. nota 2

Los accionantes sostuvieron que el cierre de un parque, vulnera su derecho al espacio público. Para la Corte es claro que, en ausencia de una situación jurídica en la que se encuentren comprometidos derechos fundamentales, no es dable a la Corte emitir conceptos y absolver dudas sobre hipótesis extrañas a problemáticas de carácter judicial. Por lo anterior se negó la tutela, ya que no existe relación entre los derechos invocados y derechos fundamentales amenazados o vulnerados. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-530-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-664-99, ver también T-114-94
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-395-95

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