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Última modificación: 2006-08-01
Procedencia excepcional de la tutela frente al derecho al espacio público cuando se afectan derechos fundamentales

El accionante, representante de una liga de fútbol, instauró tutela por considerar que la administración violó su obligación de proteger el espacio público. Esto se debió a la concesión que hizo, para que en un estadio de fútbol se llevara a cabo un festival, inutilizando el estadio por un lapso de tiempo para la recreación y poniendo en peligro las instalaciones del mismo. La Corte sostuvo que la protección del espacio público es una obligación del Estado, sin embargo el cumplimiento de esta no puede llegar a vulnerar otros derechos. La Corte ha reiterado en otros casos, que cuando se enfrenta otro derecho a la protección del espacio público, a lo que se debe llegar es a un acuerdo. El caso del derecho a la recreación no es diferente, se debe sopesar perjuicios y beneficios e intentar llegar a un acuerdo.

En el caso bajo estudio, se concedió la tutela de manera transitoria, por cuanto era necesario proteger tanto el derecho a la práctica del deporte de los jugadores que utilizan habitualmente el Estadio, pues este derecho se ve afectado frente al peligro que representa para su integridad física, la presencia de vidrios, puntillas, escombros, etc., en el campo de juego, como el derecho a la recreación de los espectadores adictos a tal deporte. nota 1

En otro caso, el actor, en su condición de sacerdote, consideró violado su derecho a la libertad de culto, ya que se le ha impedido desarrollar sus servicios de guía en el cementerio de la ciudad donde habita. La Corte ha sostenido que la doctrina constitucional sobre prevalencia de los derechos fundamentales impide que, so pretexto de defender el espacio público, se sacrifique la libertad de la persona para efectuar actos propios del culto en ámbitos que se consideran integrantes de aquél, negándole en absoluto toda práctica ceremonial o de divulgación religiosa.

Esto se fundamenta en el hecho de que el núcleo esencial de la libertad de cultos está constituido por las posibilidades, no interferidas por entes públicos o privados, de dar testimonio externo de las propias creencias, en espacios abiertos o cerrados, siempre que, al expresar mediante el culto las convicciones espirituales que se profesan, quien lo lleva a cabo no cercene ni amenace los derechos de otros, ni cause agravio a la comunidad, ni desconozca los preceptos mínimos que hacen posible la convivencia social.

Por esto la Corte estableció que, las autoridades y personas encargadas de la administración de un camposanto pueden introducir reglas de comportamiento en su interior. Pero, para que tales reglamentos internos se avengan a la garantía constitucional de la libertad de cultos, es indispensable que las restricciones impuestas sean también razonables y no impliquen prohibición absoluta o limitación permanente a la libre expresión religiosa. Esta, como regla general, debe estar a disposición de todas las personas, sin discriminaciones entre ellas. En consecuencia, se concedió la tutela y se ordenó al administrador del cementerio abstenerse de obstaculizar al actor la práctica del culto religioso. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-252-93
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-602-96

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