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Última modificación: 2006-08-01
Presupuestos para la reubicación de los vendedores desalojados

La actora vendedora informal, consideró violado su derecho al trabajo, por haber sido desalojada del espacio público, por un agente de la Policía. De acuerdo con la Corte, aceptar que quien de manera ilegítima, esto es sin autorización de autoridad competente, ocupe un espacio público, automáticamente se hace acreedor al derecho de ser reubicado en otro espacio público, daría paso a la prevalencia de la arbitrariedad y las vías de hecho, y al menoscabo de la autoridad de los alcaldes en tanto jefes superiores de policía de sus respectivos municipios.

Para que los derechos de las personas puedan ser reivindicados como tales han de originarse o configurarse en hechos y situaciones de legitimidad, esto es de acuerdo con la Constitución y la ley, no pueden las personas configurarlos a través de acciones arbitrarias que desconozcan sus disposiciones o atenten contra derechos de terceros. Por esto en aquellos eventos en que las autoridades locales se propongan recuperar el espacio público ocupado por comerciantes informales, deberán diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación, con el objeto de conciliar los intereses que se enfrentan. Se trata de lograr soluciones que hagan compatible la prevalencia de la obligación del Estado de recuperar el espacio público sobre los intereses particulares, sin que por eso éste se despoje de su deber de proteger y garantizar el derecho al trabajo de las personas que resulten afectadas con sus decisiones.

Sin embargo se debe dejar claro que, la obligación que le corresponde cumplir al Estado, de reubicar, en caso de desalojo por motivos de interés general, a los vendedores ambulantes que venían ocupando debidamente autorizados un determinado espacio público, se genera siempre que se den los siguientes requisitos: a) Que la medida se genere en la necesidad de hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. b) Que se trate de trabajadores que con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar un espacio público de uso común, hayan estado instalados allí. c) Que dicha ocupación hubiese sido permitida con anterioridad por las respectivas autoridades, a través del respectivo permiso o licencia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-160-96

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