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Última modificación: 2006-08-01
La protección del espacio público no impide el derecho al trabajo

Los actores, vendedores ambulantes, consideraron violado su derecho al trabajo debido al decreto que ordenó la recuperación del espacio público donde se desempeñaban como vendedores informales. La Corte afirma que las reglas diseñadas para la preservación del espacio público, desde que sean razonables, no pueden ser consideradas como un impedimento para la libertad de las personas sino la base misma de esa libertad, extendida y articulada para todos. En consecuencia los ciudadanos deben sujetarse a los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido aprovechamiento del espacio público, como parte de su responsabilidad con la comunidad y de sus deberes constitucionales.

Para la Corte, siendo prerrogativa de los Concejos Municipales reglamentar el uso del suelo, también a ellos les compete, designar los sitios susceptibles de ser ocupados con determinada actividad, hecho que no se opone a la libertad constitucional de escoger profesión u oficio. El fundamento de tal libertad está en la posibilidad de escoger la actividad que el individuo quiere desarrollar sin que pueda ser constreñido u obligado a no ejercerla, lo que no excluye la facultad de las autoridades de establecer límites y restricciones a su práctica en guarda del interés general. Con respecto al derecho al trabajo, la Corte señaló que, el conflicto entre el deber del Estado de recuperar y proteger el espacio público y el derecho al trabajo, ha sido resuelto en favor del primero de éstos, por el interés general en que se fundamenta.

Pero se ha reconocido, igualmente, que el Estado en las políticas de recuperación de dicho espacio, debe poner en ejecución mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas con ellas puedan reubicar sus sitios de trabajo en otros lugares. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes. Sin embargo, la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. Se entiende que el comercio informal requiere lugares estratégicos para que la actividad sea más productiva, pero ello no significa que las autoridades competentes no puedan disponer de los sitios que consideren más convenientes. Por lo anterior, se concedió la tutela para proteger el derecho al trabajo de los actores y se ordenó al Alcalde realizar lo necesario para reubicarlos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-372-93

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