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Última modificación: 2006-08-01
Principio de la confianza legítima

El actor discapacitado consideró violado su derecho al trabajo por haber sido desalojado de su puesto de trabajo, dentro del programa de recuperación del espacio público que realizó la administración del lugar donde reside. La Corte parte del principio de confianza legítima, según el cual, la administración debe facilitar a todos aquellos que desempeñaban la actividad respecto de la cual se ha producido el cambio en las políticas administrativas, una adaptación razonable en términos que la implantación abrupta de los nuevos criterios no signifique daño o perturbación para el ejercicio de sus derechos, cuando la administración decida sorpresivamente prohibir una actividad o práctica que era permitida, lícita y aun auspiciada por la autoridad.

No significa ello que la protección de la confianza legítima se erija en impedimento absoluto para que las autoridades adopten políticas innovadoras, menos todavía si lo hacen en desarrollo de mandatos emanados del propio orden jurídico, como acontece con la preservación, conservación y recuperación del espacio público, que tiene sustento en la Constitución y en el Código Nacional de Policía. Lo que ocurre es que tales correcciones en el rumbo de la gestión administrativa y en la adecuación de los procedimientos a los imperativos sociales no pueden desconocer la dignidad humana ni los derechos fundamentales de quienes habían venido actuando objetivamente fundados en la confianza legítima que en ellos provocaba el habitual comportamiento de las autoridades. Por lo anterior, se concede la acción de tutela a aquellos vendedores que probaron la violación del derecho al trabajo. nota 1

Los solicitantes manifestaron que se han venido desempeñando desde hace varios años como vendedores estacionarios y que, reconociendo el interés de la pasada Administración Distrital de proteger el espacio público, crearon una cooperativa en la zona y presentaron ante la Junta Administradora Local un proyecto de desarrollo con el fin de acceder a recursos que les permitieran construir un centro comercial y lograr una cofinanciación de su proyecto. La Junta Administradora Local en la pasada administración distrital, debatió e incluyó dentro del plan de desarrollo local, el proyecto mencionado. La nueva administración local desconociendo el acuerdo anterior y en cumplimiento de la política establecida por la Administración central, inició los procesos policivos tendientes al desalojo del espacio público de todos los vendedores que se encontraban en la zona.

Los vendedores consideraron violados sus derechos a la igualdad, al trabajo y los derechos de los niños, al desconocerse de plano el derecho adquirido con el acuerdo logrado con la administración anterior. De acuerdo con la Corte, otra definición que se le puede dar al principio de la confianza legítima es la fórmula de conciliación conforme a la cual la administración cumpla su deber de proteger el espacio público, sin que ello signifique desconocimiento del derecho al trabajo de las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del espacio público. Por lo anterior ?ha ordenado que las autoridades respectivas implementen planes y programas que permitan la coexistencia armónica de los intereses que colisionan, toda vez que tampoco se puede desconocer el fenómeno social que conlleva esta economía informal. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-020-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-360-99 Reiterada por T-983-00, SU-601A-99, T-754-99, T-706-99, T-364-99, T-499-99, T-900-99, T-940-99

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