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Última modificación: 2006-08-01
Aplicación del principio de la confianza legítima en caso de desalojo masivo que vulnera el debido proceso y el derecho al trabajo

Los actores demandaron la presunta violación de los derechos fundamentales de circulación y locomoción, a la libertad de ejercer oficio o profesión, al trabajo y al debido proceso, dado que la empresa de desarrollo urbano de la ciudad cercó almacenes de su propiedad lo cual afectó de manera grave las ventas. La Corte sostuvo que con base en el principio constitucional de la buena fe, es posible predicar la denominada "confianza legítima" en relación con aquéllos ocupantes del espacio público que creen tener un derecho legitimo sobre aquél, puesto que la respectiva autoridad pública no les ha impedido su ocupación, sino que por mucho tiempo les ha permitido y tolerado dicha ocupación, acompañada de la realización de diversas actividades, tales como, vivienda, comercio, recreación, etc.

La Corte consideró que se deben proteger los derechos al debido proceso y al trabajo de los accionantes, ya que no es posible, así se invoquen presuntas razones de interés público, como serían la de buscar la mejor organización y la formalización del comercio que ejercen los vendedores informales, mediante la construcción de nuevas edificaciones y la dotación de servicios más funcionales para los usuarios, trasladar de manera abrupta a quienes han venido ejerciendo el comercio, bajo la creencia, fundada en la buena fe exenta de culpa, de que su actividad es legitima y que están ejerciendo actos de posesión igualmente legítimos amparados por la ley, sin que se les garantice que podrán ejercer su derecho al trabajo en un lugar apropiado para el desarrollo de sus actividades comerciales. Por lo anterior se concedió la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo de los accionantes. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-396-97 Reiterada por T-983-00

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