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Última modificación: 2006-08-01
Aplicación del principio de la confianza legítima en proceso de restitución de inmueble ubicado cerca de un humedal

La accionante consideró vulnerado su derecho a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna, con la medida de desalojo adoptada, como consecuencia de un proceso de restitución de espacio público, cuyo querellante es la alcaldía del Municipio, respecto del inmueble ubicado cerca a un humedal, en el que ha habitado durante el lapso aproximado de 29 años y sobre el cual ha pagado servicios públicos e impuesto predial. En cuanto al deber del Estado de velar por la protección del espacio público y por la diversidad e integridad del ambiente, la Corte partiendo del mandato constitucional de protección y conservación del medio ambiente, reitera la importancia que los humedales revisten no sólo por ser bienes de uso público, cuando no nacen ni mueren en el mismo predio, sino por tener un importante valor ecológico para el ecosistema que el Estado debe preservar, por lo cual solo son admisibles los usos compatibles con la conservación.

En cuanto al espacio público afirma el Tribunal Constitucional que este se plasma como un derecho de carácter colectivo que se rige por el principio de primacía del interés general, y en tal virtud está por encima del interés particular, consagrado exclusivamente al uso común, por lo cual no puede prediCARe del mismo propiedad alguna por parte de particulares e impide que éstos puedan alegar derechos adquiridos y menos la posibilidad de una prescripción adquisitiva de dominio sobre los bienes que lo conforman. De otra parte, reitera la Corte que los alcaldes, como primera autoridad de policía de los municipios, están investidos de autoridad para rescatar el espacio público ilegalmente ocupado, y para señalar su restricción por motivos de interés general.

Pero, dicha facultad no es ilimitada, pues debe ser ejercida respetando el debido proceso y el principio de la confianza legítima, toda vez que ellas son por mandato constitucional también responsables de las alternativas que en ese sentido se puedan desplegar para dar solución a los problemas de sus localidades. Afirmó la Corte que en estos eventos no se impone a la administración la limitación de adoptar modificaciones normativas o realizar cambios políticos, sino que tales cuestiones no pueden ser sorpresivas para el administrado, afectando sus derechos, quien además ha estado soportado en hechos externos de la administración que dan imagen de aparente legalidad.

Además señaló que no cualquier ocupación da lugar a reubicación y menos aquella que haya sido objeto de actuaciones arbitrarias, pues se daría lugar a las vías de hecho, al desconocimiento de obligaciones constitucionales y al menoscabo de la autoridad. El principio de la buena fe impone a las autoridades mantener cierta coherencia en sus actuaciones, así como respeto por los compromisos a los que se ha obligado y garantía de estabilidad y durabilidad de situaciones que objetivamente ha respaldado. Constituyen entonces prueba de buena fe los permisos otorgados, las promesas hechas, lo tolerancia y permisión de uso de espacio público, la prestación de servicios públicos y la recepción de pago de impuestos.

En razón a que se halla gravemente comprometido el derecho a la vivienda digna, en conexidad con el derecho al mínimo vital de la accionante, así como su dignidad humana al estar próxima a ser desalojada de la vivienda en la cual ha residido y que se desconoció el principio de la confianza legítima, el cual está fundamentado en el derecho constitucional a la buena fe, la Corte revocó los fallos proferidos y en su lugar concedió la tutela incoada, igualmente ordenó al Alcalde que antes de proceder al desalojo de la accionante, realice un acuerdo con ella para lograr su reubicación y, en todo caso, le reconozca las mejoras que se hubiesen efectuado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-034-04

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