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CALIDAD DE VIDA

Última modificación: 2006-08-01
Protección a las personas con discapacidad frente a la discriminación en el uso del espacio público

Un Defensor del Pueblo regional instauró tutela en nombre de personas con discapacidad física, por considerar que se los ha discriminado, con medidas que les dificulta la entrada a escenarios deportivos. De acuerdo con la Corte, la destinación del espacio público al uso común, incluye la garantía de acceso al mismo para toda la población. La finalidad de facilitar el desplazamiento y el uso confiable y seguro del espacio público por parte de las personas, en especial de aquéllas limitadas físicamente, impone la toma de medidas especiales para asegurar dicho acceso y permanencia. Esta norma debe ser tenida muy en cuenta, ya que corrientemente, so pretexto de la aplicación de reglamentaciones genéricas se discrimina por omisión a las personas con discapacidad.

Adicionalmente, la existencia de prejuicios, actitudes de vergüenza, de temor supersticioso, de incomodidad o de intolerancia, impide en la práctica la integración y participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Frente a esta realidad social, el Estado está en la obligación de intervenir mediante la adopción de medidas en favor de los grupos discriminados, por expreso mandato constitucional. El derecho de estas personas al uso de la pista atlética se deriva de su derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en tanto no se adopten, por parte de la administración del estadio, las medidas para garantizar efectivamente el goce de los derechos constitucionales de las personas limitadas físicamente.

Carece de objetividad y razonabilidad el hecho de que unas personas (las bastoneras) hagan parte del espectáculo y otras no (las personas con discapacidad). Esta apreciación es subjetiva en la medida en que establece una condición física - belleza y juventud - como fundamento de un trato especial, mientras que no se valora a quienes por la Constitución tienen derecho a recibir un trato especial, debido a las limitaciones físicas que presentan y que les impiden el goce de sus derechos. También carece de razonabilidad la diferenciación por el hecho de hacer o no parte del espectáculo, cuando bajo razones como estás pueden esconderse prejuicios sociales contra los limitados físicos y mentales, como sentimientos de incomodidad, conmiseración, vergüenza o desagrado.

La Corte advierte que la existencia de una discriminación por omisión de trato más favorable supone que el juez verifique en la práctica diversos extremos: (1) un acto - jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los discapacitados. La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad.

Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable. En este caso se concedió el amparo, por cuanto se probó que la actuación acusada configura una violación del derecho a la igualdad de oportunidades, ya que con ellas se discrimina, sin justificación objetiva y razonable, a los peticionarios respecto de los demás espectadores cuando se les somete a mayores esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho constitucional. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-288-95, T-551-92

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