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Última modificación: 2006-08-01
La protección a la integridad del espacio público y el derecho de acceso de las personas con discapacidad

El actor es una persona con discapacidad que debido a la instalación de bolardos en las aceras vio disminuida su calidad de vida, por lo cual solicitó que se retiraran aquellos que no protegen el espacio público, pero obstaculizaban su llegada a laborar. La Corte consideró que las autoridades deben propender por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, sin olvidar que según la Constitución Política se debe dar trato preferencial a los disminuidos físicos no solo porque el artículo 47 ordena protegerlos sino porque el artículo 13 determina que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

Lo anterior implica que, en lo relativo al espacio público, atendiendo el derecho a la igualdad, se debe facilitar el adecuamiento, diseño y construcción de mecanismos de acceso y tránsito, hacia y en el espacio público, que no solo garanticen la movilidad general, sino también el acceso a estos espacios, de las personas con movilidad reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad. En otras palabras, la accesibilidad, al y en el espacio público, es esencial para los disminuidos físicos. Y si no se les viabiliza la accesibilidad, se viola la diferenciación positiva consagrada en el artículo 13 de la Constitución Política. En este caso se concedió la acción de tutela por encontrarse que efectivamente existían bolardos mal ubicados. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-024-00

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