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Última modificación: 2006-08-01
Bahías de parqueo ubicadas en espacio público no son de uso exclusivo de entidades públicas o privadas o establecimientos comerciales

El actor en su demanda de inconstitucionalidad consideró que el artículo 78 de la Ley 769 de 2002 al establecer que: ?Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales no podrán hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para el estacionamiento exclusivo de sus vehículos o el de sus clientes?, viola los derechos adquiridos de constructores que conforme al Acuerdo 6 de 1990, construyeron bahías frente a sus establecimientos para el parqueo de sus vehículos o el de sus clientes, con lo cual se desconocen los principios de la confianza legítima y la buena fe que deben orientar todas las actuaciones del Estado.

Consideró la Corte, en primer término, que no se puede acudir a la teoría de los derechos adquiridos por cuanto dicha noción requiere como uno de sus elementos básicos que el derecho adquirido haya entrado al patrimonio de una persona natural y jurídica y que haga parte de él, requisito éste que obviamente no se puede predicar de los bienes de uso público, como lo son las calles y vías públicas. De otra parte, afirmó que si bien frente a la recuperación del espacio público no es posible invocar derechos adquiridos, ello no significa que frente a situaciones jurídicas consolidadas los administrados se encuentren desamparados frente al Estado, con lo cual se desconocería el principio de la confianza legítima, en tanto constituye una proyección del principio de la buena fe, que debe gobernar las relaciones entre administración y administrado.

Pretender entonces que las entidades públicas o privadas o los propietarios de locales comerciales tienen derecho al uso exclusivo de las bahías de parqueo construidas en el espacio público como requisito para la obtención de las licencias de construcción, resulta constitucionalmente inaceptable pues, no sólo se viola el principio de la prevalencia del interés general, sino que desconoce abiertamente la libertad de locomoción de la población, en cuanto se restringe el derecho de las personas a transitar por espacios públicos que por su naturaleza deben ser accesibles a todos los miembros de la colectividad en igualdad de condiciones. La norma acusada, no prohíbe que las entidades públicas o privadas ni los propietarios de establecimientos comerciales parqueen sus vehículos en las zonas construidas para ese fin.

Lo que establece la disposición que se examina es impedir un ?uso exclusivo? para tal fin frente a las entidades públicas o privadas, o establecimientos comerciales. Ni las leyes que regulan la protección e integridad del espacio público, ni el Acuerdo 6 de 1990 a que alude el demandante, otorgaron derecho alguno a los constructores de bahías de parqueo. Sencillamente se exigió el cumplimiento de un requisito para obtener una licencia de construcción, sin que ello signifique reconocimiento de derechos sobre el espacio público, o la desafectación de su carácter de público por el uso inveterado de esas zonas, como bien lo afirma la entidad interviniente. En razón de las razones expuestas la Corte declaró exequible el inciso segundo del artículo 78 de la Ley 769 de 2002. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-108-04

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