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Última modificación: 2006-08-01
Importancia del ministerio público en la defensa del interes colectivo moralidad administrativa

Se demandó la inconstitucionalidad del articulo 160 de la ley 734 de 2002, que faculta al Procurador General de la Nación, o a su delegado especial para el efecto, y al Personero Distrital de Bogotá, en el desarrollo de diligencias disciplinarias, para solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución, cuando se evidencien circunstancias que permiten inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público, por considerarlo contrario a los principios constitucionales de buena fe, presunción de inocencia y distribución constitucional de competencias entre el Ministerio Público y la Administración.

La Corte Constitucional señaló en primer término los motivos que justificaron la adopción de la norma por el legislador, e indicó que el constituyente quiso dar a la Procuraduría el carácter pleno de órgano de control y de vigilancia con herramientas suficientes para actuar de manera oportuna y eficaz, todo ello sin invadir la órbita de competencia de otros órganos. Las funciones preventivas del Procurador General de la Nación pueden ser desarrolladas por el legislador en ejercicio de la potestad de configuración que la Constitución le confiere.

En segundo lugar, la Corte expuso las razones por las cuales considera que la medida provisional tal como está diseñada no desconoce las competencias constitucionales de los diversos órganos del Estado, pues consideró que la norma acusada regula las facultades del Procurador General y del Personero de Bogotá en el contexto del proceso disciplinario, pero no atribuye a las autoridades administrativas nuevas competencias para suspender los procedimientos, los actos, los contratos o su ejecución. Estas autoridades, dentro del ámbito de sus funciones y de sus facultades específicas, deben decidir si es necesario hacer cesar los efectos y evitar un detrimento patrimonial y, cuál es el medio apropiado a su alcance en virtud de las leyes vigentes para lograr esos fines, dada la naturaleza del objeto de la solicitud de suspensión puesto que las reglas legales en cada caso son diferentes.

De igual forma, determinó la Corte que no hay lugar a confundir la suspensión provisional de un acto administrativo por parte de los jueces contencioso administrativos con la medida preventiva de solicitud de suspensión por parte del Procurador General y el Personero Distrital, por cuanto ambas figuras tienen alcances y finalidades diferentes: la primera es un acto judicial que suspende temporalmente los efectos de un acto administrativo, la medida provisional que adopta el Procurador o Personero dentro de la investigación disciplinaria sólo tiene la virtualidad de poner en acción a la administración pública para que examine la necesidad de suspender un determinado procedimiento administrativo, acto o contrato, para evitar la vulneración del ordenamiento jurídico o el detrimento del patrimonio público.

En el mismo sentido, no deben confundirse los efectos de la medida provisional de solicitud de suspensión establecida en la norma demandada con los efectos del control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República, pues este se ejerce en forma posterior y selectiva sobre la gestión fiscal y puede traer como consecuencia la determinación de la responsabilidad fiscal por el detrimento ya irrogado al patrimonio público y la imposición de las sanciones pecuniarias correspondientes. De otra parte, determinó la Corte que no se vulneran los principios de buena fe y de presunción de inocencia porque el Procurador o el Personero, no están facultados para, al suponer la mala fe de las autoridades administrativas, ?suspender los procedimientos, actos, contratos administrativos, pues la medida preventiva lo es para solicitar la suspensión no para decretarla.

Concluyó la Corte que se trata de un sistema de control que modifica el sistema de riesgos en la actuación administrativa con la finalidad de combatir la corrupción y que puede tener efectos penales, disciplinarios, fiscales y políticos para el servidor público involucrado en actos u omisiones que lesionen el ordenamiento jurídico o el patrimonio público pero tales efectos no surgen de la solicitud, sino de las decisiones que el servidor público adopte en ejercicio de sus funciones y su determinación está supeditada a que se adelanten los procesos establecidos en las leyes para sancionar a un servidor. Por lo anterior, se declaró la exequibilidad de la norma, con respecto de los cargos analizados nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-977-02

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