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Última modificación: 2006-08-01
Consagración de medidas preventivas dentro de proceso disciplinario en defensa del patrimonio público

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se demandaron entre otras, algunas expresiones del artículo 53 de la ley 734 de 2002, relacionado con los particulares disciplinables que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales y los particulares que presten servicios públicos a cargo del Estado, así como el artículo 160 de la misma ley, relativo a la facultad de solicitar una suspensión preventiva de procedimientos administrativos, actos o contratos o de su ejecución, en las diligencias disciplinarias y radicadas en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Bogotá.

En cuanto al régimen de los particulares que temporalmente desempeñan funciones administrativas señaló la Corte que no todo tipo de funciones pueden ser atribuidas a los particulares, la Constitución y la ley establecen límites cuando se trata de funciones (i) de contenido político o gubernamental, (ii) de contenido materialmente legislativo o jurisdiccional que ocasionalmente ejercen las autoridades administrativas, (iii) ?exclusivas? de las autoridades administrativas como las funciones que ejerce la Fuerza Pública, (iv) de aquellas que nunca han estado en cabeza de las autoridades administrativas y que por tanto requieren de norma constitucional o legal expresa y directa para ser atribuidas como el caso de determinadas funciones atribuidas a los notarios y a las Cámaras de Comercio (v) o que vacíen de contenido la competencia de la autoridad que las otorga.

Indicó la Corte que el criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no de manera permanente o transitoria una función pública, entendida esta como el conjunto de las funciones que cumple el Estado, en orden a alcanzar sus diferentes fines, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas. La Corte resaltó que el objeto sobre el cual recae la vigilancia de un contrato estatal supone la presencia de recursos públicos y en ese sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el contrato se ajuste a los términos y a la realización de los fines estatales específicos, implica la protección de esos recursos.

Así las cosas, en el cumplimiento de las labores de interventoría en los contratos estatales al particular contratista se le atribuye el ejercicio de una función pública, por consiguiente, le resulta aplicable la ley disciplinaria. Se declaró la exequibilidad de la expresión ?que realicen labores de interventoría en los contratos estatales?. Respecto de la expresión que ?presten servicios públicos a cargo del estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política?, se declaró la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y estas sean asignadas explícitamente por el Legislador.

En lo referente a la suspensión preventiva consagrada en el citado artículo 160, que el legislador decidió atribuir de manera exclusiva al Personero Distrital de Bogotá y no a los demás personeros, la Corte, encontró que no cabe limitar solamente al Distrito Capital, la aplicación de la norma frente al objeto de la misma -dotar de instrumentos al Estado para prevenir la vulneración del ordenamiento jurídico o la afectación del patrimonio público y luchar contra la corrupción-. Igualmente debe tenerse en cuenta que no solamente se trata de la diferencia de trato que pueda prediCARe entre el Personero Distrital de Bogotá y los demás personeros distritales y municipales sino de la que indirectamente se genera para la administración municipal y para los habitantes de los demás municipalidades del país diferentes del Distrito capital de Bogotá, agobiados igualmente por el flagelo de la corrupción, razón por la cual se declaró la inexequibilidad de las expresiones ?Distrital de Bogota? y ?Distrital nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-037-03

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