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Última modificación: 2006-08-01
Legitimidad de las sanciones para los conductores que presten el servicio público de transporte con vehículos particulares, sin autorización

Se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 26 numeral 5° y 27 parágrafo 1° de la Ley 769 de 2002, ?por la cual se expide el Código Nacional del Transporte?, que establecen:

?Artículo 26. Causales de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá: (?) 5. Por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva. La licencia de conducción se cancelará: (?) 5. Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa.?

?Artículo 27. Condiciones de cambio de servicio. (?) Parágrafo 1°. A partir de la fecha de expedición de la presente ley no se podrá cambiar de clase o servicio un vehículo.?

La demandante sostuvo que se estaba limitando el derecho al trabajo y violando la libertad económica y la iniciativa privada, al impedirse mediante la aplicación de estos artículos, que muchas familias enfrentadas al desempleo, se asociaran y conformaran empresas de transporte, con el fin de cubrir las necesidades locales de movilización.

La Corte precisó que las normas que regulan la habilitación o permisos aludidos por la demandante estaban vigentes en la Ley 336 de 1996, razón por la cual las normas acusadas no desconocían esa situación.

Al ocuparse en particular de estas últimas, la Corte precisó que dada la relevancia y los intereses que se pretendían proteger, como son la seguridad de los usuarios y el interés general de la colectividad, el legislador fue más exigente con la normatividad que se aplica a los conductores de vehículos de transporte público. Con ello ?dijo la Corte- no se desconoce el derecho al trabajo, porque sencillamente quien aspire a ejercer dicho oficio, debe sujetarse a las exigencias que establece la ley para esa clase de actividad, pues está de por medio no sólo la seguridad de los usuarios del servicio en cuestión, sino la de peatones, ciclistas, motociclistas y en general quienes se desplacen por las calles y vías públicas. Así las cosas, quien infrinja las disposiciones legales que en materia de conducción se imponen, será acreedor a las sanciones que al efecto establezca la ley.

En ese orden de ideas, la Corte no considera que la consagración de causales de suspensión o de cancelación de las licencias de conducción como las demandadas, puedan ser consideradas contrarias a la Constitución o desproporcionadas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-408-04

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